General Motors Europa anunció ayer el cierre de su fábrica en la ciudad belga de Amberes, donde trabajan más de 2.600 personas, y confirmó la continuidad de la zaragozana de Figueruelas, donde la dirección de la compañía espera despedir a unos 900 empleados, con el objetivo de volver a la rentabilidad.
Las decisiones anunciadas ayerdurante una conferencia de prensa celebrada en Bruselas forman parte del plan de reestructuración más amplio que el gigante estadounidense de la automoción presentará en detalle en las próximas semanas, pero que en principio prevé la desaparición de 8.300 de los 48.000 empleos que tiene en el continente. La destrucción de empleo incidirá más profundamente en Alemania, donde General Motors prevé despedir a 4.000 personas, aunque las negociaciones con el Gobierno germano siguen en marcha, según explicó hoy el consejero delegado de GM Europa, Nick Reilly.
La empresa negocia los despidos y la concesión de ayudas de Estado por parte de los países que acogen fábricas, que GM espera que alcancen los 2.200 millones de euros, más de un tercio de los 3.300 millones que la cúpula directiva considera necesarios para su supervivencia.
En este sentido, el consejero delegado de GM Europa no quiso adelantar si confía en lograr esa cantidad de los gobiernos europeos: "Hemos hecho bastantes progresos, pero no puedo decir si lograremos los 2.200 millones de euros", explicó Reilly.
Lo que sí confirmó es la continuidad de la planta de Figueruelas, que actualmente emplea a más de 7.000 trabajadores y que tiene "un buen plan" de viabilidad.
"Vemos continuidad para la planta de Figueruelas como una parte importante de la capacidad en Europa", aseveró Reilly, tras explicar que todas las plantas europeas sufrirán recortes de plantilla, producción y salariales.
"Por muy difíciles que sean las decisiones que hay que tomar, son necesarias para lograr un futuro sostenible y viable para la empresa. La decisión de cerrar Amberes es sólo el primer paso", argumentó el directivo británico.
Reilly quiso desvincular la clausura de las instalaciones belgas del "comportamiento de los trabajadores", que "llevan generaciones comprometidos con la empresa", y enumeró razones puramente "económicas".
La compañía estima que el mercado europeo cierre 2010 con un descenso de las ventas de automóviles respecto a 2009 de "al menos" 1,5 millones; cuatro millones menos que los niveles máximos alcanzados en 2007, que no espera recuperar después de la crisis, "si es que llegan a recuperarse".
En este contexto, "el cierre de la planta de Amberes es la opción más lógica para la empresa", ya que "fabrica productos que se pueden producir en otras plantas" y su capacidad de producción puede ser cubierta por el resto en caso de que la demanda se desbordara.
La cúpula de la compañía comenzó hoy los contactos con los representantes sindicales como paso previo al cierre definitivo, que, según los cálculos de la empresa, se producirá en la primera mitad del año.
Los sindicatos ya se han movilizado contra la decisión y, desde España, el secretario general de UGT en Aragón, Julián Lóriz, expresó su rechazo al cierre y apostó por una reestructuración sin cierre de plantas en la que no se adopten decisiones "traumáticas".
El líder de la Federación General de Trabajadores Belgas, Rudi Kennes, criticó la decisión anunciada hoy y calculó que el cierre costará entre 20.000 y 30.000 empleos directos e indirectos.
Kennes también criticó vivamente que la compañía haya decidido construir un nuevo todoterreno en Corea del Sur, con lo que rompe el compromiso alcanzado con el Gobierno regional de Flandes hace un par de años.
En este sentido, Reilly no descartó que el Gobierno flamenco, presidido por Kris Peeters, emprenda acciones legales contra la empresa, pero argumentó que el contexto internacional debido a la crisis ha cambiado respecto al momento en que se suscribió el compromiso.
Precisamente, Reilly confía en que el Gobierno regional de Flandes, cuyo líder no quiso reunirse hoy con él aunque previsiblemente lo hará mañana, le ayude a encontrar un comprador para las instalaciones y colabore con los planes de recolocación de los trabajadores.
Por último, Reilly aseguró que mantiene informada a la Comisión Europea y al resto de los gobiernos con plantas de Opel en su territorio sobre las decisiones que va adoptando dentro de su plan, que espera reducir la capacidad de las factorías europeas en aproximadamente un 20%.
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