La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (d), y el Comisario Europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius. | Efe - OLIVIER HOSLET

TW
3

La Comisión Europea dará prioridad a compañías con sede en Europa y en Ucrania en el proceso para conceder los 150.000 millones de euros que prevé desplegar en forma de créditos para multiplicar el gasto en seguridad y defensa, al tiempo que exigirá que al menos el 65 % de los componentes tengan origen europeo.

El Ejecutivo comunitario presentó este miércoles la propuesta legal del instrumento SAFE, a través del cual acudirá a los mercados de deuda para obtener recursos que luego repartirá entre los Estados miembros que presenten proyectos para la compra conjunta de productos y equipos en este ámbito. El texto de Bruselas estipula que «la infraestructura, plantas, activos y recursos» de las empresas que se vayan a beneficiar de una compra conjunta dentro de este instrumento «deben estar ubicadas en el territorio de un Estado miembro, un estado de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, en sus siglas en inglés EFTA) o en Ucrania».

Además, añade que al menos el 65 % de los componentes de un producto final tiene que tener su origen en los mismos territorios, al tiempo que subraya que no se utilizarán aquellos que provengan de «terceros países que contravienen los intereses de seguridad y defensa de la Unión y sus Estados miembros». En el caso de los sistemas complejos, como las baterías antiaéreas, que puedan estar sujetas a restricciones de terceros países, se aplicará la misma norma y se exigirá a las empresas que puedan sustituir dichos componentes por otros de origen europeo sin tales restricciones.

Planes nacionales de defensa

Los Estados miembros que deseen acceder a los créditos del instrumento SAFE tendrán que presentar planes de inversión en defensa a la Comisión Europea en los que enumeren las actividades, gastos y medidas que financiarán con estos recursos, los productos que comprarán y la participación de Ucrania en dichos planes si fuese el caso. Bruselas analizará después dichos planes y determinará la cuantía del préstamo y del anticipo de hasta el 15 % de la cantidad total que se transferirá a los Estados miembros involucrados para cubrir las necesidades más urgentes.

Se podrán realizar desembolsos hasta el 31 de diciembre de 2030. Como norma general, los países desarrollarán estos planes a través de compras conjuntas en las que participen al menos dos Estados miembros (o uno de ellos junto con Ucrania) para adquirir sistemas de artillería, defensa aérea y balística, misiles y munición, drones y antidrones, tecnología espacial, movilidad militar, ciberseguridad e inteligencia artificial, entre otras categorías. Sin embargo, también podrán unirse terceros países con los que la UE tiene firmados acuerdos de asociación en seguridad y defensa (Noruega, Moldavia, Japón, Corea del Sur, Macedonia del Norte y Albania), así como otros que están negociando pactos similares o que negocian su potencial entrada al bloque.

Flexibilidad fiscal para gasto en defensa

La Comisión Europea también ha presentado un documento en el que detalla cómo prevé la activación «coordinada» de las cláusulas nacionales de escape de las reglas fiscales para que los gobiernos puedan aumentar su gasto en seguridad y defensa sin miedo a la apertura de un expediente por déficit excesivo. Como ya avanzó la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, esta flexibilidad estará limitada a cuatro años para facilitar a los Estados miembros que eleven su gasto en defensa, aunque después de este plazo tendrán que «acomodar» este tipo de inversiones dentro de los limites de déficit y deuda normales.

En concreto, los países podrán gastar al año un 1,5 % más en seguridad y defensa sin que este incremento sea tenido en cuenta en el análisis anual de Bruselas con respecto a la posible existencia de un déficit excesivo por encima del umbral del 3 %.

Bruselas ha optado por utilizar como definición de gasto en defensa la clasificación COFOG, que incluye inversiones y gasto corriente en cuestiones como infraestructuras y equipos militares, bienes y servicio de uso dual cuando son utilizados por fuerzas armadas, gasto en personal del ejército y su formación y toda ayuda militar a Ucrania. Con respecto a ciberseguridad y protección de fronteras, dos categorías que España había pedido que entrasen en la definición, fuentes comunitarias precisaron que entrarían en la definición siempre que cuenten con una dimensión militar.