Según los parlamentarios, el Gobierno del presidente republicano, que está recortando una amplia gama de programas gubernamentales estadounidenses y la mayor parte de la ayuda exterior, ha puesto fin a una iniciativa financiada por el Gobierno y dirigida por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale (Yale HRL) que rastrea la deportación masiva de niños de Ucrania.
Esa decisión significó que los investigadores perdieron el acceso a una gran cantidad de información, incluidas imágenes satelitales y otros datos, sobre unos 30.000 niños que se sacaron de Ucrania. «Tenemos razones para creer que los datos del repositorio han sido eliminados de forma permanente. De ser cierto, esto tendría consecuencias devastadoras», dijeron los parlamentarios demócratas, encabezados por el representante de Ohio Greg Landsman, en una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la que tuvo acceso Reuters el martes y que se enviará el miércoles.
La finalización del programa por parte de Trump y la carta fueron reportadas por primera vez en The Washington Post. Se hizo público el mismo día en que Trump habló por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin, en el que Rusia no aceptó un cese de hostilidades de 30 días. Una fuente cercana al programa de seguimiento dijo que la cancelación del contrato del Departamento de Estado con Yale HRL ha dado lugar a la eliminación de 26 millones de dólares de pruebas de crímenes de guerra, lo que ayudaría a proteger a Putin.
«Se llevaron 26 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses que se utilizaban para recopilar datos sobre crímenes de guerra y los tiraron a la basura, incluidos los expedientes de todos los niños», dijo la fuente. «Si querías proteger al presidente Putin de ser procesado, tenías que destruirlo. Y lo hicieron. Es la versión final admisible ante los tribunales con todos los metadatos», dijo la fuente.
Ucrania ha calificado los secuestros de decenas de miles de sus niños llevados a Rusia o a territorios ocupados por Rusia sin el consentimiento de la familia o los tutores como un crimen de guerra que cumple con la definición de genocidio del tratado de la ONU. Rusia ha dicho que ha estado evacuando a personas de forma voluntaria y para proteger a los niños vulnerables de la zona de guerra. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra María Lvova-Belova y Putin en relación con el secuestro de niños ucranianos. Rusia denunció las órdenes como «escandalosas e inaceptables».
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