La Corte de Justicia (CIJ) considera que la política de asentamientos de Israel es contraria al derecho internacional

La CIJ señala en su decisión sobre la legalidad del Gobierno israelí en Cisjordania y Jerusalén Este que existen «amplias pruebas de que Israel proporciona incentivos» a su población para que se traslade a los territorios palestinos, y que «Israel legaliza regularmente los puestos de avanzada establecidos en desafío de su propia legislación interna». «La propiedad pública confiscada beneficia a la población civil de los colonos en detrimento de la población local, por lo que el tribunal concluye que las políticas territoriales de Israel no se ajustan a los artículos 46, 52 y 55 de las regulaciones de La Haya».

«La naturaleza de los actos de Israel», prosigue la corte, «incluido el hecho de que Israel frecuentemente confisca tierras tras la demolición de propiedades palestinas para reasignarlas a asentamientos israelíes, indica que sus medidas no son de carácter temporal y, por lo tanto, no pueden considerarse permisibles en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra». La corte también denuncia el «fracaso sistemático» de las autoridades israelíes a la hora de impedir la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina en el territorio ocupado de Cisjordania.

«A la luz de lo anterior, el tribunal afirma que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este y el régimen asociado a ellos se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional», concluye el tribunal La CIJ declara además que Gaza es parte integral del territorio ocupado por Israel en 1967, y forma una «única unidad territorial con Cisjordania y Jerusalén Este», de acuerdo con la lectura pronunciada este viernes por el presidente del tribunal, Nawaf Salam.