Algunos militares también fueron declarados culpables de saquear bienes de la población y de un hospital, y otros habían perdido sus armas y municiones. Otros tres soldados de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) fueron condenados a diez años de cárcel por malgastar munición y disparar balas al aire sin motivo, y otro a veinte por violar a una mujer; mientras que tres oficiales subalternos con rango de capitán fueron absueltos por falta de pruebas, según la sentencia dictada este lunes. El Tribunal Militar de la Guarnición de Butembo, en la provincia de Kivu del Norte, comenzó a juzgar a los soldados el pasado jueves, acusados de cobardía por huir de los combates contra el M23 en el sur del territorio de Lubero, en esa misma provincia.
Los hombres fueron detenidos fuera de las zonas de despliegue de sus unidades, después de que el M23 se hiciera con el control de las localidades de Kanya Bayonga, Kayna y Kirumba, en Lubero. El abogado de la defensa, Jules Muvweko, confirmó que apelarán el dictamen. «Presentaremos nuestro recurso y estamos seguros de que el tribunal absolverá a más de la mitad de los condenados», declaró Muvweko al medio local 'Actualité'. Por su parte, Mélissa se mostró satisfecho con el fallo para restablecer la disciplina de los soldados de las FARDC desplegados en los frentes contra el M23. Estos 22 soldados congoleños se suman a otros 25 condenados a muerte el pasado miércoles.
Desde la reciente reanudación de los combates del M23, los insurgentes han arrebatado al Ejército el control de numerosas zonas en el territorio de Lubero y decenas de miles de civiles han huido de sus casas. La actividad armada del M23 se reactivó en 2022 después de años de relativa calma. Desde entonces ha avanzado por varios frentes hasta situarse a unos veinte kilómetros de la capital de Kivu del Norte, Goma, que ocupó durante diez días en 2012, antes de retirarse por la presión de la comunidad internacional. Los insurgentes han tomado el control de carreteras que unen el resto del país con esa estratégica ciudad, de más de un millón de habitantes y base de numerosas ONG internacionales e instituciones de la ONU.
Aparte de una crisis humanitaria, sus combates han desencadenado tensiones entre la RDC y Ruanda por la presunta colaboración de Kigali con el grupo rebelde, extremo que las autoridades ruandesas siempre han negado pese a haber sido confirmado por la ONU. A su vez, Ruanda y el M23 acusan al Ejército congoleño de cooperar con las rebeldes Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), fundadas en el año 2000 por cabecillas del genocidio de 1994 y otros ruandeses (hutus) exiliados en la RDC para recuperar el poder político en su país, una colaboración también confirmada por la ONU. Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).
1 comentario
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... lo de siempre, se penaliza mucho más algo tan normal como es evitar los conflictos y querer mantenerse al margen, que delitos reales como la violación o el pillaje... lo de siempre, van a pagar el pato la tropa rasa, mientras que los mandos son exonerados por una supuesta falta de pruebas... lo de siempre, las tropas regulares, que deberían ser ejemplo de saber estar frente a unos supuestos rebeldes, resulta que son tan peligrosas como aquellos... todos los militares son peligrosos, no hay militares buenos...