«Los jefes de gobierno de todo el mundo se reúnen esta semana en Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Deben condenar este ataque y hacer todo lo que esté a su alcance para que los perpetradores de tales crímenes rindan cuentas», remarcó Noor. El alternativo Gobierno de Unidad Nacional, formado por activistas y políticos prodemocráticos, señaló en un comunicado que el ataque aéreo fue llevado a cabo por la junta militar.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció el ataque y pidió la liberación de unos 15 niños de la misma escuela que se encuentran desaparecidos, aparentemente secuestrados. Por su parte, Save The Children reclamó hoy que los niños y las escuelas permanezcan fuera de los escenarios de conflictos y pide «el cese inmediato de la violencia y que los niños y los civiles se mantengan fuera de peligro». «¿Cuántos incidentes más como este deben ocurrir antes de que se tomen medidas?», cuestiona Noor. Ni UNICEF ni Save the Children mencionan en sus comunicados a la junta militar ni a los responsables del ataque contra el colegio, que estaba en el interior de un monasterio budista.
Dos trabajadores de Save The Children fueron asesinados el pasado diciembre en otro ataque indiscriminado supuestamente perpetrado por los militares en el estado Kayah, este del país, en el que también murieron mujeres y niños. La junta birmana defiende que el bombardeo del viernes fue en respuesta a un ataque por parte de insurgentes, con «extremistas» escondidos en el monasterio, lo que niegan las Fuerzas de Defensa Popular (PDF, por sus siglas en inglés), movimiento surgido en oposición al golpe, según el medio birmano The Irrawaddy. El golpe militar del 1 de febrero ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
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