Las condiciones de Puigdemont: Amnistía y reconocer la «legitimidad» del independentismo

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts ha comparecido en una conferencia de prensa este martes desde Bruselas en la cual ha asegurado que estas condiciones, que cree que ahora no se dan, deben preceder a una negociación para llegar a un «acuerdo histórico» con el objetivo de resolver el conflicto en Cataluña que, a su juicio, se remonta a 1714. Aun así, Puigdemont ha advertido de que «solo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato del 1-O», y ha añadido que no existen impedimentos constitucionales para celebrarlo.

Puigdemont ha considerado que «no parece» que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenga los apoyos suficientes para ser elegido en primera o segunda votación. «Tampoco los tiene el actual presidente (Pedro Sánchez) ni el bloque de sus socios parlamentarios de los próximos cuatro años». «Por tanto, España se ve confrontada ahora mismo a uno de sus dilemas que no siempre ha resuelto bien: o vive en el bloqueo que podría cronificar la confrontación entre los dos bloques ideológicos que han polarizado las últimas elecciones o pacta», aseguró.

Así pidió un «acuerdo histórico» antes de negociar la investidura, que incluya tres grandes condiciones. La primera, dijo, es el reconocer y respetar la «legitimidad democrática del independentismo». «No existe una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y por tanto, su derecho a la autodeterminación», afirmó Puigdemont, que no renunció a la unilateralidad «como recurso legítimo para hacer valer los intereses del pueblo catalán».

El también eurodiputado de JxCAT, exigió dejar de «criminalizar» el «hecho histórico del 1-0», reivindicó la declaración de independencia, la consulta del 9 de noviembre de 2014 y criticó la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 contra el Estatuto catalán y la del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas en 2019 por el referéndum de 2017. En este sentido, Puigdemont dijo que la segunda condición es una ley de amnistía «que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9-N de 2014».

Afirmó que ello es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado. «Se tiene que hacer para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner un punto final ni por supuesto, para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios», precisó. Por último, Puigdemont pidió la creación de un mecanismo de verificación del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, porque «la total falta de confianza entre las partes hace que este mecanismo sea imprescindibles y que deba operar desde el inicio de las negociaciones».

«Nuestra experiencia nos impide tener ninguna confianza en la palabra que nos den y sería una irresponsabilidad emprender una negociación de futuro que no cuente con este mecanismo», apuntó el expresidente. Puigdemont aseguró que no le inspira «el ánimo de revancha personal o partidista», porque de haber sido así, aseguró, no hubieran apoyado el acuerdo para la formación de la mesa del Congreso, que dio la presidencia del órgano a Francina Armengol.

«Ahora mismo nada hacer pensar que la necesidad de apoyo parlamentario sea suficiente como para empujarles (a PP y PSOE) a un acuerdo histórico en el que las viejas naciones sean reconocidas y dispongan de todos los derechos inherentes a su condición», dijo Puigdemont. «No parece que lo tengan que hacer ahora simplemente porque necesiten el voto de siete diputados. ¿O si? O realmente pueden hacer de la necesidad virtud?», se preguntó.