El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) celebra a las 11:00 horas la audiencia previa, resultado de la demanda de Peral por vulneración de sus derechos y los de su hija con la serie, basada en el llamado 'crimen de la Guardia Urbana'.
La Audiencia de Barcelona condenó en 2020 a 25 y 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía a Rosa Peral y a Albert López, respectivamente, penas que posteriormente confirmaron el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Supremo.
Rosa Peral asesinó junto a su amante, el también exagente de la Guardia Urbana Albert López, a la pareja de ella, que era compañero de ambos en el cuerpo, en el contexto de un complejo triángulo amoroso. El juzgado celebra en la jornada de hoy la audiencia previa, como paso anterior al juicio, donde insta a las partes involucradas en el proceso a intentar un acuerdo.
A falta de un pacto de última hora, que parece poco probable, la audiencia de este martes servirá para que las partes propongan la prueba de cara al juicio, que el magistrado deberá decidir si acepta o no antes de señalar la fecha de la vista oral.
La demanda presentada por la exagente de policía, representada por la letrada Núria González, ante el Juzgado de Primera Instancia de Vilanova, sostiene que Netflix y la productora Arcadia vulneraron con la serie los derechos al honor, a la propia imagen y a la intimidad tanto de ella como de su hija.
Como indemnización, Rosa Peral solicita en total alrededor de 30 millones de euros: 26,5 para su hija -1 euro por el número de horas que se ha reproducido la serie- y 2,6 para ella -10 céntimos por hora-. La condenada por asesinato sostiene que la serie va más allá de lo probado en la sentencia, pese a que la ficción indica que está basada en hechos reales.
Previamente, la sección 19ª de la Audiencia de Barcelona estimó el recurso de Peral contra el juzgado de Vilanova i la Geltrú, al considerar que la demanda que presentó inicialmente para frenar cautelarmente el estreno de la serie debió haberse tramitado.
El juzgado la había desestimado al considerar que la exagente no había presentado el depósito que se requiere para plantear acciones judiciales de este tipo. La letrada de la condenada por asesinato recurrió la decisión, al alegar que no podía presentarlo porque está aún en prisión y tiene pendiente pagar 800.000 euros de indemnización por el asesinato de su expareja.
La Audiencia de Barcelona dio finalmente la razón a la abogada de Peral, con el argumento de que las demandas solo deben ser inadmitidas a trámite «de modo excepcional y cuando la ley así lo establezca de modo expreso». El tribunal consideró que el juzgado de primera instancia debió decidir primero si procedía la adopción de las medidas cautelares que planteaba Peral, sin escuchar los argumentos de Netflix, y posteriormente convocar a las partes a la preceptiva vista para discutir las alegaciones relativas al tipo y cuantía del depósito.
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