Ana González, Sara Molina, María Vega, Blanca Bautista y Ainara Bayle.

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Ainara Bayle, Blanca Bautista, Sara Molina, María Vega y Ana González son cinco de las 158 enfermeras que habiendo superado el concurso oposición para cubrir 807 puestos en hospitales y centros de salud de Baleares, se han quedado sin plaza por no contar con un nivel B2 de catalán que no era exigido inicialmente.

Las reglas del juego cambiaron a mitad del partido y las afectadas denuncian que no fueron avisadas de que lo que se planteaba como un mérito, cuando se abre la convocatoria en diciembre de 2022, pasaría a ser un requisito indispensable.

Es tres años después, el pasado 18 de febrero, cuando se encuentran en la lista de excluidos y tras haber pasado incluso el chequeo médico obligatorio para acceder a la plaza.

La sorpresa fue mayúscula cuando descubren que en marzo de 2023 se había publicado en el BOIB una modificación de las bases justificada por dos recursos interpuestos por el sindicato STEI y por la OCB por los que se exigía dejar sin efecto la exención de cualquier nivel de catalán.

Descubren además que tampoco tendrán la opción de acreditarlo a los dos años de haber ocupado su plaza y que solo podrán acogerse a esta moratoria los que ya estuvieran trabajando para el Servei de Salut a fecha 23 de enero de 2023, cuando se cerraba el plazo de inscripción. Por tanto, los aspirantes de otras comunidades autónomas y los que estaban trabajando en la sanidad privada, perdían este derecho.

Frustración

«He viajado toda mi vida y he vivido en países como Noruega y Canadá, por lo que entiendo perfectamente la importancia de conocer un idioma. Pero excluirnos y quitarnos una plaza de esta manera, a posteriori y por detrás, con todo el esfuerzo, tiempo y sacrificio que supone estudiar y prepararse algo así, es muy injusto y hace que sienta mucha frustración hacia el IB-Salut y hacia el sistema. Me parece discriminatorio», expone Ainara Bayle.

En la misma línea se expresa Ana González, que se presentaba a las plazas de matrona. «Me formé y trabaje durante muchos años en Londres. Como sanitaria, y habiendo vivido tantos años en el extranjero, sé lo importante que es tener conocimientos de catalán y no estoy en contra de que se pida. Pero enterarte después del examen, de ver tu nombre publicado, y ver que hay distintas condiciones para los candidatos es difícil de encajar», lamenta.

En su caso, además, se vio perjudicada por un Brexit que le hizo perder puntuación por experiencia laboral no convalidable. «No hay palabras para expresar la frustración que experimenté. Tras tanto esfuerzo trabajando como interina», expresa.

María Vega cuenta que quedó la número 13 en el examen «aunque no tenía tantos años de experiencia, gracias a la buena nota podía optar a una plaza. Me enteré que estaba excluida varios meses después de realizar el examen, en el hospital donde trabajo actualmente, Can Misses», explica. Allí comenzó su residencia en 2017 y allí quería tener su plaza pero «con este revés tan grande, unido a los problemas de vivienda y coste de vida, me cuesta visualizarme aquí a largo plazo», señala.

Blanca Bautista, lleva nueve años trabajando en Mallorca y ha sido excluida «por haberme encontrado haciendo una especialidad incompatible. He perdido dos plazas fijas de las que había superado las oposiciones, de matrona y de enfermera». Dice que ya tiene un B2 de catalán pero certificado en enero de 2024, por lo que no le vale.

Sara Molina también se enteró del cambio de bases después de hacer el examen, para ella «la situación es discriminatoria entre los que trabajaban en Baleares en ese momento y los que no. Mi frustración fue muy grande ya que no se había hecho publicidad por lo que no lo supe ni pude reclamar debía», explica.

El apunte

Ureña:«Es una situación injusta y acataremos las resoluciones judiciales»

El director general del IB-Salut, Javier Ureña, reconoce una situación «injusta» y lamenta que además, la comprobación de requisitos se haya hecho al final del proceso.

Para Ureña los excluidos tienen varias opciones para defender sus derechos ante la Justicia «además de denunciar la modificación de las bases con el procedimiento ya iniciado, hay un aspecto que puede afectar al principio de igualdad, ya que se les da un plazo de dos años de moratoria para acreditar el nivel de catalán a los que estaban ya trabajando y no para los que estaban fuera», señala.

Insiste en que para él «es prioritario dar estabilidad y seguridad a profesionales» y que acatarán las resoluciones judiciales.