La semana pasada, el Gobierno y Junts acordaron salvar parte de las medidas incluidas en el decreto ómnibus tumbado una semana antes, entre las cuales está la revaloración de las pensiones. Un sistema público de pensiones es fundamental para un país que pretenda ser un Estado social digno. El sistema de pensiones español funciona bajo un modelo de reparto, en el que las contribuciones de los trabajadores en activo sostienen las prestaciones de los jubilados. Debido al envejecimiento de la población, la reducción de la tasa de natalidad y el estancamiento de los salarios, en los últimos años la Seguridad Social ha acumulado déficits. Esto ha generado un debate sobre la viabilidad del sistema a largo plazo y la necesidad de reformas para asegurar el pago de las pensiones en el futuro.
En España, en el año 2021, el gasto en pensiones para personas de 65 años o más representó algo más del 8 % del PIB. Por otro lado, un artículo publicado por los economistas Eladio Febrero y Fernando Bermejo en la revista «Review of Political Economy» en 2024 calcula que la demanda de bienes y servicios por parte de los pensionistas equivalió en 2021 al 6,7 % de la producción total. Los 5,9 millones de pensionistas generaron, principalmente vía consumo, la actividad suficiente para mantener a más de 1,2 millones de trabajadores a tiempo completo, aproximadamente el 7 % de la oferta laboral. Además, según estos autores, por cada euro destinado a pensiones, el Estado recuperó 42 céntimos en impuestos. Así, de los 97.300 millones de euros destinados a pensiones públicas, se recuperaron 40.700 millones en ingresos fiscales. Con estos datos, los autores del trabajo sugieren que el actual sistema de reparto puede ser financieramente viable en el futuro: Si en 2050 el número de pensionistas aumenta hasta situarse en 11,1 millones, el sistema podría sería viable si las exportaciones españolas crecieran en 190.000 millones de euros. Aunque esta cifra pueda parecer elevada, para alcanzarla es necesario una tasa de crecimiento anual de las exportaciones inferior a la observada históricamente. La sostenibilidad financiera del actual sistema de pensiones, por tanto, es posible.
Dicho esto, no me parece justo poner el foco en el equilibrio financiero de la Seguridad Social cuando el Estado recupera vía ingresos fiscales el 42 % de lo que gasta en pensiones. Reconocer la importancia macroeconómica del gasto en pensiones puede ser el primer paso para aceptar el compromiso de revalorizar las pensiones con la inflación aún a riesgo de que el sistema pueda llegar a no ser sostenible solo con los ingresos de las cotizaciones sociales. Por tanto, si se asume la necesidad de complementar los ingresos del sistema de pensiones con transferencias adicionales de los Presupuestos Generales del Estado, también se garantizaría la sostenibilidad de éste. Y ello se lograría sin comportar una pérdida de bienestar para los no pensionistas, sin romper con el principio de solidaridad generacional e interterritorial y sin disminuir los incentivos individuales para contribuir al sistema.
