Cuatro años atrás el Consell recurría una vez más al alquiler de dependencias ajenas para ganar espacio y una mejor distribución en las funciones del área de Bienestar Social, como había hecho anteriormente con las de Injove o la Fundació Foment del Turisme en aras a una localización independiente para reforzar su presencia entre la ciudadanía.
Durante este tiempo el departamento que gestiona los asuntos de menores, familia, igualdad y diversidad y atención al inmigrante ha residido en una amplia planta de un edificio del Polígono Industrial, frente al centro comercial Binipreu, ocupando una superficie de 458 metros cuadrados. A cambio el Consell ha desembolsado 1.730 mensuales, lo que ha supuesto un gasto de 80.000 euros, más el del mobiliario y la adecuación de aquel inmueble para adaptarlo a sus necesidades.
Aquel cambio que pretendía más holgura y comodidad para trabajadores y usuarios en plena pandemia, aunque muy alejado del centro de Maó, supuso el traslado desde el local, propiedad de la institución insular, situado en la calle Vassallo, a escasos metros de la plaza Esplanada. Esa es, precisamente, la misma ubicación a la que va a regresar el área social del Consell, previa inversión, por ahora, de otros 308.804 euros en que se ha presupuestado la reforma de los 387 metros cuadrados de que dispone en la primera planta.
Es decir, que entre el alquiler abonado en este cuatrienio y el coste de la obra a realizar el dispendio se aproxima a los 400 mil euros, que dan para mucho, por más que la nueva inversión se vaya a financiar con los fondos europeos.
No es suficientemente extensa la sede del Consell que precisa externalizar dependencias incrementando el gasto como para que dos gobiernos de diferente color político impulsen una iniciativa de ida y vuelta empleando, en ambos casos, los mismos argumentos para justificar un viaje cuestionable que no sale gratis, precisamente. Quién sabe si no habrá otro regreso al polígono si ganan los que ahora están en la oposición.
