Si algo distingue a la izquierda de la derecha es que los primeros apuestan por un Estado fuerte y los otros prefieren que la sociedad se regule a sí misma de forma espontánea, que suele ser una forma injusta. Por eso sorprende la izquierda española, porque en vez de basar su fuerza en los recursos públicos, juega a nadar entre dos aguas. La ministra Yolanda Díaz, a la que presuponemos más a la izquierda que el PSOE con el que gobierna, acaba de lanzar sus ideas para resolver el acuciante problema de la vivienda en las zonas tensionadas del país.
En Balears, la zona tensionada es todo el territorio insular, así que nos interesan mucho sus propuestas. Pero, ay, cuando uno creería que el plan era liberar suelo público para edificar con urgencia, resulta que no. Que eso, si acaso, más adelante. ¿Cuando gobierne otro? Lo que plantea es lo mismo que haría un niño de cuatro años: prohibir. Sí, prohibir que la gente compre pisos a menos que sirvan para ocuparlos como vivienda habitual o bien forzarles a ponerlos en alquiler social a unos cuatrocientos euros mensuales. Para este viaje, sinceramente, no hace falta ninguna alforja.
Si uno solo de nuestros políticos tuviera el mínimo de vergüenza y un pequeñísimo sentido de la honestidad, dimitiría al instante al comprobar que es incapaz de solucionar nada. Es mucho más noble dejar paso a otro, para que intente hacerlo con otros métodos. Los regímenes socialistas, comunistas y la utopía anarquista -la izquierda-, incluso la socialdemocracia nórdica, ejecuta sin complejos la vía rápida: construir vivienda sencilla a precio asequible. Miles de pisos. Los clásicos barrios obreros que hemos conocido toda la vida. ¿A qué esperan? ¿A qué le temen?
