El 1 de agosto se realizó una de las reuniones de presentación del proyecto del «Govern balear» para afrontar los nuevos retos que presenta el actual modelo de servicio turístico, en una sala llena de organizaciones con intereses antagónicos, por mucho que se hablara de «consenso». El 6 de septiembre se fijó como fecha para entregar textos de análisis y propuestas, que se trasladarán a una «Comisión de Expertos», de momento desconocida, para que éstos elaboren una propuesta sobre lo que hay que hacer en política turística.
Agosto no es precisamente un mes ideal para fomentar la participación de la ciudadana, pero poco importa si solo se trata de entregar información para que un equipo de tecnócratas decida o vistan decisiones, como si fueran garantía de algo, eludiendo quién y cómo han sido elegidos, qué posiciones e intereses tienen y al servicio de quién están.
¿No estamos ante un nuevo intento de legitimar decisiones ya tomadas? Si realmente se quería abrir un proceso de participación ¿por qué no se ha hecho desde el Parlament, donde están los representantes elegidos, de forma abierta y al alcance de la ciudadanía? El turismo, como cualquier actividad económica, no es solo cuestión de estadísticas o estudios de mercado, sino de intereses. ¿Realmente alguien piensa que la firma de «expertos» callará el descontento de quienes sufrirán las consecuencias de políticas que vayan de la masificación a la gentrificación y sigan ahondando en el empobrecimiento de la mayoría social?
