El empresario suizo Roger Zannier, presidente de la compañía que lleva su apellido y de la Fundación conde de Torre Saura, acaba de manifestar que "la burocracia en Menorca es excepcional nunca he visto nada igual".
Siete años después de haber proyectado unas inversiones que superan los 90 millones de euros admite, con pesar, que "si hubiera sabido de estas dificultades no habría invertido ese dinero".
Se refiere Zannier a los más de 300.000 euros que ya lleva gastados en proyectos y trámites.
Estas interminables tramitaciones que se pierden en un vericueto de despachos cuya piedra filosofal son las matrices de suelo rústico, o sea, el Llibre de les set sivelles del Plan Territorial Insular. Funcionarios, secrearios y directores insulares del Consell, ayuntamientos y el Govern, a los que debemos añadir empleados públicos de Costas -tres administraciones distintas-, Patrimonio, Defensa y la omnipresente Comisión Balear de Medio Ambiente, interpretan el arcano de múltiples leyes, normas, planes y reglamentos.
La queja de Roger Zannier no es nueva. En abril de 2009 -ya han transcurrido diez años- Martin Varsavsky denunció a las administraciones "por poner trabas a los emprendedores en Menorca". El creador de Jazztel lamentó "no haber conseguido permisos para arreglar las fincas y poder destinarlas a iniciativas que permitirían traer personas influyentes que podrían invertir y relanzar la imagen y las grandes posibilidades de Menorca". Recuerdo los proyectos singulares que Eduardo Chillida explicó una tarde de verano en el jardín de Quatre vents, en Alcalfar. Desistió. El PTI censuró y vetó el genio creador del autor de "El peine del viento". Los Chillida Belzunze marcharon de Menorca apesadumbrados.
Nunca más regresaron. Richard Branson aún espera que alguien le explique porqué denegaron sus proyectos para el puerto de Maó. Porque, ¿ser Reserva de Biosfera implica impedir todos estas inversiones?
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