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UPCM fue, y todavía es, el mayor azote del gobierno de Llorenç Brondo (2003-2009). Su fundador, presidente y concejal-portavoz, Joan Triay fue quien destapó la mayoría de presuntas corruptelas de los concejales del PP, que después se transfugaron a Unió Menorquina. Y eso que durante nueve meses (entre 2007 y 2008) formó parte de ese equipo de gobierno. Igual fue por eso que es el que mejor conoce las malas artes de sus entonces compañeros. Presenció de cerca sus presuntas fechorías, aquellas que acabaron en el verano de 2008 haciendo saltar por los aires el pacto de gobierno entre UPCM y PP.Después ya vino la explosión del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ciutadella y la posterior dimisión de Llorenç Brondo en febrero de 2009.

Joan Triay no solo fue quien destapó y divulgó los escándalos de esa época, sino que también los investigó e hizo todo lo posible para que acabaran en los juzgados. Fue UPCM quien sacó a la luz el caso del expediente desaparecido por parte de Antònia Salord, ahora ya sentenciado. Fue quien descubrió los amaños de Citur y también quien más horas dedicó al caso Nerer, al presidir la Comisión de Investigación, cuyas conclusiones se remitieron a la Fiscalía Anticorrupción para que abriera el caso judicialmente.

No dudó en personarse como acusación particular en los casos del expediente y Citur. En Nerer, consciente del esfuerzo económico que implica una tercera personación, prefirió que la asumiera el propio Ayuntamiento, tal y como reclamaba el propio PP, el partido que colocó en sus listas a los cinco exconcejales imputados en los diversos casos.

UPCM pedía tres años de prisión para Antònia Salord. Al final ha sido un año y medio, lo que supone que no pisará la cárcel. Al menos, de momento. Algunos lo pueden interpretar como un fiasco, pero para el partido de Triay lo prioritario no era que Salord fuera a prisión, sino que quedara demostrado que intentó beneficiar a un funcionario afín, haciendo desaparecer un expediente de disciplina urbanística. La verdad judicial le da la razón y sentencia que Salord cometió un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Se trata del primer triunfo judicial de UPCM, que además recuperará algunos miles de euros gastados en las costas procesales. Es la primera y tal vez no será la última victoria de UPCM.

Casasnovas y Salord, en los juzgados tras la operación Xoriguer de marzo de 2011. El caso Citur, pendiente de la apertura de juicio oral, puede ser el otro gran triunfo, donde UPCM se puede llevar el máximo trofeo. Y es que a diferencia de Nerer, en Citur los indicios de que se cometieron algunos delitos (supuestamente al amañar concursos públicos ) parece que son más evidentes. Y además están imputados el exalcalde y cuatro exconcejales, además de funcionarios y empresarios. Entre ellos, Avel·lí Casasnovas y Antònia Salord, ambos ahora con antecedentes penales (el primero por el caso de las ratas y la segunda por el expediente desaparecido ), lo que puede provocar que una segunda condena pueda provocar que acaben en la cárcel.

En Citur se da el caso de que UPCM como acusación particular no solicitó (igual que tampoco lo hizo para Antònia Gener) penas de cárcel. El fiscal Pedro Horrach, que tras la sentencia del caso Nóos ya ha anunciado que va a dejar la Fiscalía y por tanto UPCM pierde un compañero de viaje, fue más allá y pide para ambas nueve años de prisión , por los 15 años de cárcel que solicita para Llorenç Brondo, Gabriel Cardona y Avel·lí Casasnovas. La Justicia dirá.

Condenan a un año y medio de cárcel a la exconcejal Antònia Salord

El fiscal pide 15 años de prisión para Brondo, Cardona, Casasnovas y Saura