El proyecto de ley de Presupuestos Generales del estado para el 2014 sitúa a Balears a la cola -solo por delante de Navarra, que goza del concierto económico- de las inversiones estatales en las comunidades autónomas. Para Menorca únicamente hay consignada una partida de 8,7 millones de euros, un 19 por ciento respecto a este año.
Los datos confirman el agravio financiero del Gobierno central con nuestras islas. El castigo del Estado es doble, con un sistema de financiación autonómica injusto y la marginación en el capítulo inversor. Los representantes institucionales confían en enmendar la situación vía enmiendas, pero la realidad confirma la discriminación que sufre nuestra comunidad, con el problema añadido de los sobrecostes de la insularidad.
En este contexto situamos la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica, presentado por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que ha sido rechazada por su propio partido.
Pero el trato asimétrico es el único que puede liberar a Balears de la losa de décadas de agravio financiero a nuestra autonomía. Es preciso limitar la aportación de Balears al fondo de solidaridad estatal.
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