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El Gobierno sigue empeñado en ajustar el coste del descuento de residente por el transporte aéreo y se arriesga a daños colaterales que Menorca no puede aceptar. Es verdad que se han dado tarifas excesivas en reservas de última hora o en primera clase, que al aplicar el descuento del 50 por ciento tienen un coste para la Administración muy elevado. Sin embargo, el mismo coste elevado lo tiene que soportar el residente en Menorca. Es evidente que el Ministerio de Fomento pretende aliviar su precariedad económica y corregir un abuso en la estrategia comercial de las compañías castigando a los usuarios, al aplicar un límite de unos 70 euros en el descuento. De momento, parece que se trata de un estudio que se ha filtrado a la opinión pública, por tanto la decisión no se ha adoptado todavía. Las instituciones menorquinas deben dejar muy claro ante las administraciones superiores que este tipo de ideas no pueden aplicarse. La Isla necesita del transporte aéreo para levantar su economía y la administración debe colaborar con este reto y no dedicarse a poner más obstáculos. No se trata de defender un porcentaje, sino un trato justo, un precio en el billete de avión que no sea un factor de injusta discriminación.