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La conciencia del enorme valor cultural, social y económico que representa contar con un territorio bien preservado es algo que ha unido desde hace muchos años a una buena parte de la sociedad menorquina. Casi nadie duda de los réditos tangibles e intangibles que aporta la consideración de Reserva de la Biosfera o, sin títulos de por medio, la existencia de numerosos rincones de gran belleza que no han sucumbido al efecto de las excavadoras. El consenso, en cierta manera, casi se alcanza, como lo demuestra el hecho que el PP haya apostado con fuerza por promocionar la Isla desde este punto de vista para atraer a cuantos más turistas mejor, creando incluso nuevos elementos promocionales. No obstante, dentro del presunto consenso hay discrepacias y es precisamente en las filas del PP donde este sentimiento más flojea. No es poco habitual escuchar en las filas conservadoras argumentos a favor de la conveniencia de habilitar infraestructuras de importante consumo de territorio, como desdoblamientos viarios o campos de golf. Del plano teórico se ha pasado ya al práctico, con la tramitación, por ejemplo, del proyecto de multirotondas entre Maó y Alaior. Otras formaciones como el PSOE acostumbran a ser más sostenibles en la oposición que cuando gobiernan, posición desde la que no tuvieron reparos en tolerar el hiperbólico desvío por Ferreries o el faraónico aunque no por ello infalible dique de Son Blanc. El eterno debate entre si hay más necesidad perentoria o abuso ecológico en el cemento vertido siempre está allí. Con un nuevo PTI en ciernes, con el proyecto multirotondas aún sin ejecutar, vale la pena que la apuesta por el medio ambiente no se quede solo en un logotipo, que el reclamo para el turista no se imprima solo en un papel sino que se pueda ver también reflejado en las distintas decisiones que se vayan adoptando.