Reclaman una indemnización de 30 millones de euros por el bloqueo de la ampliación de Santandria

La reclamación se dirige a las dos administraciones por su «inacción». Sebastià Triay adquirió en 1987 los terrenos de Santandria, más de 48.000 metros cuadrados –el 85 por ciento del sector A-3–, con el objetivo de su desarrollo urbanístico, pero han pasado 38 años y no ha logrado ejecutar el proyecto.

Acuerdo

Los terrenos se vieron afectados por el Plan Territorial Insular (PTI) de 2003, lo que motivó la presentación de un primer contencioso contra la aprobación del plan –al mismo tiempo que el de Cesgarden, por el que el Consell tuvo que pagar una indemnización millonaria–, pero la propiedad lo retiró tras conversaciones con el departamento insular de Ordenación del Territorio. Cabe recordar que la unidad de actuación A3 de Santandria fue uno de los casos que, bajo la presidencia de Joana Barceló y con Marc Pons como conseller de Territorio, se negociaron para llegar a acuerdos a cambio de retirar los contenciosos motivados por el PTI, lo que se recogió en una modificación puntual del plan insular en 2006.

Con dicho convenio el promotor aceptó reducir el número de plazas del sector, en el que se contemplan un hotel y viviendas unifamiliares, de 466 a 220, y también aceptó ceder 13.030 metros cuadrados para añadirlos a los 6.600 de zona verde que ya contemplaba el plan parcial.
Todo ello quedó recogido en el PTI, pero la condición básica era que el Ayuntamiento de Ciutadella debía adaptar, en un plazo máximo de cuatro años, su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al planeamiento insular.

Esa adaptación debía haberse producido antes de 2010 pero quince años después de la fecha límite, la adaptación sigue pendiente. Ciutadella aún tramita la revisión de su Plan General que inició en 2016.

Ese mismo año, al iniciarse también la revisión del PTI, los promotores volvieron a interponer un recurso al comprobar que el nuevo documento no recogía las prescripciones acordadas en 2006; finalmente estas se aceptaron y no se llegó al contencioso contra la Administración insular.
Esta será, por tanto, la tercera ocasión en la que la propiedad recurre a la vía judicial para hacer valer sus derechos urbanísticos, aunque «esta vez no desistiremos», advierten los promotores, «no valdrán promesas vacías ni cantos de sirena».

Y es que el empresario hotelero asegura que ha pasado prácticamente una vida, intentando llevar adelante este proyecto, cuando compró los terrenos en 1987 tenía 36 años y ya ha cumplido 73. Mientras tanto, recuerda, durante los últimos 37 años ha pagado cada año el Impuesto de Bienes Inmuebles de los terrenos «como suelo urbano, sin poder ejercer ninguno de los derechos que ello debería conllevar», sentencia.

El Ayuntamiento entiende el malestar

El urbanismo en Ciutadella se rige por el Plan General de 1991, debido al retraso que acumuló la tramitación de su revisión y adaptación al PTI, aprobada inicialmente a finales de 2018. En marzo de 2021 decayó la suspensión de licencias por dicho proceso y se tuvo que volver a aplicar el PGOU antiguo. La concejala actual de Urbanismo, la socialista Sandra Moll, admite que el área ha vivido «cierta parálisis», ante el elevado volumen de trabajo se han priorizado las licencias, y entiende «el malestar de ciudadanos que tienen zonas por urbanizar si está permitido», pero promete mejoras de personal para desatascar el departamento. «No podemos impedir la reclamación porque la Administración no ha sido eficiente», afirma.