Rafael Torres26/01/12 0:00
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¿Prevaricaron los centenares, los miles de jueces y magistrados españoles que no investigaron los crímenes del franquismo? Debiendo actuar tras la restauración democrática para esclarecer los asesinatos y las matanzas de los que se rebelaron contra la legalidad democrática de la República Española, a fin de castigar a los culpables, no lo hicieron, ninguno lo hizo, dejando impunes aquellos crímenes contra la humanidad, y a las víctimas sin el amparo de la Justicia. ¿Prevaricaron? Mas, al parecer, no es eso lo que pretende dilucidar ahora el Tribunal Supremo a instancias de dos organizaciones ultraderechistas y de un juez instructor proclive a sus denuncias, sino la conveniencia de apartar para siempre de la carrera judicial, de fusilarle simbólicamente como magistrado, al único que sí quiso investigar el demencial genocidio de españoles que perpetraron los bandidos que se alzaron en armas, con el potente auxilio militar de Hitler y Mussolini, contra las instituciones legítimas de la sociedad española.

El propio fiscal que representa la legalidad en el proceso que se sigue en el Supremo contra el juez don Baltasar Garzón, alucina con ese aquelarre por el que el franquismo pretende demostrar no sólo que sigue vivo, sino al timón de la nave. Pero si el fiscal alucina, ¿qué no alucinarán las naciones con las que hoy España vive coaligada en el seno de Europa, y de las que han llegado a Madrid, a la sede del Supremo, numerosos observadores? Por la victoria inicial de Manos Limpias y Falange sobre la justicia, la realidad de nuestro país parece retrotraerse a la noche más tenebrosa del franquismo, cuando Europa, sus gobiernos y sus ciudadanos, clamaba contra el régimen que había sumido a España en la paz de los cementerios, y de las cunetas, y de las simas, y de los barrancos.

Que esa victoria inicial del franquismo resurrecto y rampante no devenga en triunfo total, laminando los fundamentos de la democracia, depende del buen juicio de los magistrados del Supremo, a los que la fiscalía, la jurisprudencia, el sentido común, el decoro social y los ciudadanos afectos a la ley solicitan la anulación de semejante proceso.