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La Generalitat de Catalunya baraja emprender acciones legales contra el Gobierno central para cobrar 759 millones de euros pendientes, con el argumento de que Madrid retiene el dinero para poder endosarles un déficit que no es suyo. Es un daño colateral de la carrera emprendida por los distintos niveles de cosa pública para reducir su deuda en un momento en que los prestamistas se estiran poco y a alto interés. En Menorca, servicios públicos también de alto interés tiemblan por el impago de convenios suscritos entre el Consell y el Govern. El Ejecutivo balear se escuda en que no tiene pasta. Es el mismo caso. Nadie tiene, y lo sufre el de más abajo, en un curioso principio de subsidiariedad. Ante esto, el PSOE denuncia la falta de furia del PP en las reclamaciones del Consell hacia sus compañeros de Palma, denuncia una pasividad lesiva para los intereses de la Isla, que no deja de ser la misma pasividad lesiva que ellos exhibieron hasta que las urnas apartaron a los socialistas de estas dos mismas plazas. Quien paga descansa, pero quien cobra, más, sobre todo si con ello le va la atención a los más necesitados. La administración debe ser rigurosa en el cumplimiento de este tipo de convenios, porque el ciudadano ya no alcanza a saber dónde demonios está y debe estar el dinero de sus impuestos. Ni tendría porque preocuparse por estas cuestiones. La coincidencia de color político no debe frenar en ningún caso la reclamación del dinero adeudado entre administraciones.