El despido del interventor de Maó

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears obliga al Ayuntamiento de Maó a readmitir al interventor que despidió en febrero de 2009, después de la ratificación por parte del Govern del expediente disciplinario. La sentencia es firme, no admite recurso. El Ayuntamiento debe pagar además 150.000 euros en concepto de salario no abonado desde la suspensión de empleo de este técnico. El fallo judicial es contundente al afirmar que "no ha existido infracción alguna". Además cuestiona la actuación municipal, al constatar que responsables del Ayuntamiento negaron al interventor el acceso a la documentación que necesitaba para elaborar el informe que le exigía el alcalde sobre el servicio de suministro de agua potable de SOREA. El Tribunal Superior rechaza los motivos que llevaron al equipo de gobierno de Vicenç Tur -el expediente se inició en época de Arturo Bagur- a despedir al segundo técnico en importancia en la estructura del Ayuntamiento. El PP ya mostró en 2009 su oposición al despido. El actual equipo de gobierno popular no puede hacer otra cosa que acatar el fallo, readmitir al interventor y asumir el coste de un error. Y esperar que este despropósito no perjudique la eficacia de la administración local.