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La nueva ley antitabaco, que entrará en vigor el próximo 2 de enero, tiene un claro objetivo: defender la salud de las personas que no son fumadoras. Las restricciones se amplían considerablemente también para intentar reducir el consumo y proteger a los profesionales de la restauración y hostelería. La normativa aprobada por el Parlamento no es una excepción en el marco de la Unión Europea, ya que medidas similares se están aplicando sin problemas desde hace años en otros países. De hecho, se regula un hábito que en el día a día debería regirse por las más elementales normas de convivencia y educación. La libre elección de fumar no tiene por qué perjudicar a otras personas, convirtiéndolos en fumadores pasivos.

En Menorca, las patronales del sector servicios han entendido que la normativa no va en contra de sus negocios, sino que es una cuestión sanitaria. Por ello, consideran que es positiva y huyen de las voces que alertan sobre la pérdida de clientes. No obstante, el único pero que se le puede poner al Gobierno es el retraso en la contundencia, ya que de esta manera no se hubieran perdido las inversiones privadas que se realizaron en 2005 al objeto de habilitar en los locales zonas para fumadores.