24/06/10 0:00
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La estrategia de la patronal hotelera reiterando sus denuncias contra la oferta de plazas ilegales o fuera de ordenación y exigiendo control por parte de la Administración ha causado malestar en otras asociaciones del mismo ámbito. Las agencias de viaje y los empresarios de viviendas turísticas han respondido con evidente disgusto y el Consell, árbitro de la situación, ha exhibido las precarias reglas de juego con las que se realiza la labor de inspección, un terreno resbaladizo a causa de la complejidad normativa y las dificultades palpables para verificar el universo de contactos que navegan por la red.

La economía sumergida, si efectivamente se demuestra como tal, ha de perseguirse de oficio, porque daña no sólo el sector en el que compite sino el sistema mismo. Esa reflexión, y la legitimidad que asiste a todo colectivo a defender sus intereses como considere más conveniente, no contradice la inoportunidad de provocar un enfrentamiento en uno de los momentos más delicados para un sector que lucha por frenar la caída de actividad que sufre en la última década. Desde esa perspectiva, la colaboración y las iniciativas compartidas en pos de un objetivo común de recuperación parecen más necesarias.