Balears es la tercera comunidad autónoma, solo por detrás de Madrid y Catalunya, en número de alertas en operaciones inmobiliarias y comerciales sospechosas de blanqueo de capitales. Perseguir a los evasores fiscales debe ser una estrategia transversal, donde la vigilancia afecta tanto a grandes y pequeños contribuyentes, nacionales y extranjeros en la misma medida.
Hacienda ha logrado imponer una nueva cultura fiscal en el país y cada vez es menos frecuente la oferta de fórmulas que eviten el control tributario. La Agencia Tributaria ha evidenciado su capacidad de control y supervisión de todo tipo de operaciones, las sanciones impuestas han tenido un efecto disuasorio indiscutible. Sin embargo, las dudas sobre la vigilancia con respecto a la entrada de capital extranjero existían, aunque fueran a título de mero rumor.
Uno de los grandes retos pendientes de la Unión Europea es, precisamente, la armonización fiscal de todos sus miembros. Las diferencias en la fiscalidad de los diferentes países supone un serio agravio y la eliminación de la igualdad de oportunidades a la hora de captar las inversiones, a pesar de ello Balears sigue atrayendo capital inversor, la mayoría con destino al sector inmobiliario. Lo importante es que también cumpla con todas las exigencias de transparencia. Por respeto a los contribuyentes.
