El proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, redactado por el Govern, prevé a partir del 2025, o sea, dentro de siete años, elevadas sanciones para los que quieran entrar en Balears con un vehículo diesel sin ser residentes. Las multas ascienden hasta los 3.000 euros, que se multiplican por diez para las empresas de alquiler de coches.
La batalla contra este combustible, en la que también participa el Gobierno de España, está generando una importante distorsión en la compraventa de automóviles y una gran confusión entre los conductores. Hay una cada vez mayor apuesta a favor de los vehículos eléctricos e híbridos, aún cuando hay serios inconvenientes en cuanto a su eficiencia y el precio.
Balears aspira a ser una comunidad pionera en las medidas de protección medioambiental, sin crear falsas expectativas. Reducir las emisiones contaminantes y los combustibles fósiles constituye una necesidad, pero debe hacerse en el marco de la legalidad. Pretender frenar la llegada de vehículos diesel a Balears vulnera normativas españolas y europeas, errores que el Govern del Pacte debe evitar para garantizar la solvencia jurídica de sus medidas.
