El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propuso ayer en el Congreso la modificación de la Ley General Tributaria para prohibir en el futuro nuevas amnistías fiscales. Un anuncio que se produce tras la sentencia del Constitucional que ha anulado la regularización fiscal de 2012, defendida entonces por el propio Montoro. Aquella iniciativa generó una importante contestación y críticas de los grupos de izquierdas.
Es cierto que las amnistías fiscales han aflorado bienes por un importe de 46.025 millones de euros que permanecían ocultos al Fisco español, pero este procedimiento crea un importante agravio entre los contribuyentes que cumplen con sus deberes y quienes, en su mayoría sociedades y grandes fortunas, utilizan fórmulas para enmascarar sus beneficios en paraísos fiscales.
Gobiernos de distinto color político han utilizado la fórmula del perdón fiscal. Pero estas regularizaciones no pueden convertirse en un recurso habitual. Según Montoro, las nuevas medidas de la UE harán innecesarias las amnistías fiscales. Una propuesta razonable, pero el escepticismo no se disipa con este mero anuncio. Precisa rigor, acción y eficacia.
