Editorial28/02/17 0:00
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La Administración de Justicia ha obtenido un gran protagonismo mediático, social y político por decisiones de gran calado e impacto en la opinión pública. En primer lugar, al permitir que Iñaki Urdangarín no ingrese en prisión y pueda regresar a Suiza tras la sentencia del 'caso Noos'. El mismo día se conoció la sentencia de las tarjetas 'black' en CajaMadrid, y trascendió que el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, muy incisivo contra el presidente de aquella comunidad, Pedro Antonio Sánchez (PP) denunció las presiones a las que son sometidos los fiscales.

Jueces y fiscales afrontan una difícil coyuntura. La trascendencia de los casos que tramitan les sitúa en el foco mediático y de la crítica popular. De su trabajo depende el correcto funcionamiento del sistema de libertades. Pero el ciudadano medio no entiende que Urdangarín esté en Ginebra tras haber sido condenado a seis años y tres meses de cárcel; preocupan las críticas del fiscal de Murcia y la coincidencia con las tarjetas de CajaMadrid.

El poder político no debe interferir en la acción de los jueces y los fiscales. Su trabajo ha de ser técnico, riguroso y no sujeto a vaivenes partidistas.