La fulminante destitución del jefe de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, Lluís Segura, tras haber retirado la personación del Govern en dos casos de corrupción que investigan los jueces contra el expresidente Jaume Matas, es la respuesta de un Ejecutivo desbordado por las reacciones mediáticas y las críticas de sus socios del Pacte.
La consellera de Presidencia, Pilar Costa, ha admitido que conocía esta decisión, pero no supo calibrar sus consecuencias políticas. Apartar a Segura constituye un improvisado cortafuegos para evitar que el incendio acabe abrasando a la propia consellera. La destitución del jefe de la Abogacía, un funcionario del Govern y jurista de reconocido prestigio, es una fórmula precipitada para evitar la asunción de responsabilidades políticas y ganar tiempo. La presidenta Armengol debe valorar si es a Pilar Costa a quien debe exigir responsabilidades.
El Govern precisa reflexionar ante esta nueva crisis que erosiona la cohesión del Pacte al transmitir a los ciudadanos la percepción de que no está dispuesto a llegar al fondo en la lucha contra la corrupción política. Y también debería haber aprendido a comunicar bien las decisiones, jurídicas y políticas.
