La 'sentencia Cesgarden', dictada en mayo del 2011 por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justícia de Balears ya tiene un coste de 29 millones para el Consell insular, lo que en realidad significa que deben pagar todos los menorquines; una elevada cantidad que podría destinarse a inversiones, obras e infraestructuras pero que debe ser abonada a una promotora que vio cercenados sus derechos urbanísticos por el Plan Territorial aprobado el 2003.
La sentencia constaba de una segunda parte que ahora ha motivado una nueva reclamación por parte de Cesgarden, en forma de ejecución forzosa, con una cuantía que asciende a once millones de euros más.
Cuatro años después, continuamos sin saber por qué, cuando tenía opciones para hacerlo, el anterior Consell no cuestionó el peritaje de la indemnización y no aportó otra valoración. Durante este mandato el actual equipo de gobierno encabezado por el presidente Tadeo ha pugnado para hallar la fórmula que anule esta sentencia. Obtuvo el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción que apreció varios delitos, pero finalmente esta vía no prosperó.
¿Quién asumirá responsabilidades políticas por Cesgarden?
