El pulso que, desde mediados de diciembre, mantiene con el Consell la unión temporal de empresas Dragados-Antonio Gomila, adjudicataria de las obras de mejora de la carretera general, no se puede prolongar por más tiempo y exige una solución. La UTE reclama un aumento del 38 por ciento del presupuesto, más del doble de lo permitido por la ley, al considerar que el proyecto adolece de errores y defectos.
El equipo de gobierno de la institución insular, que preside Santiago Tadeo, ha declarado que «defenderá los intereses públicos en el más estricto marco legal» y ha advertido que «si esta defensa comporta la suspensión de la licitación por diferencias económicas insalvables, lo asumirá como una más de sus responsabilidades».
Por su parte, las constructoras que ganaron el concurso anuncian hoy que están dispuestas a rescindir el contrato, lo que implicaría la adjudicación a otras empresas. Las elevadas diferencias que han surgido, tres meses después de haber empezado las obras, deben ser justificadas, pero es preciso recordar que la UTE adjudicataria contó con seis meses para verificar la oferta, consolidarla o bien retirarse.
