Los animales disecados fueron aportados como prueba por la defensa en el juicio. | M.J.U.

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Los animales disecados que tenía a la venta un anticuario de Maó tenían una antigüedad superior a los 50 años -son del siglo XIX- y por tanto, legalmente, su comercialización está permitida aún sin disponer de su certificación. Fue esta la principal tesis de la defensa ayer en el juicio a un anticuario de Maó, acusado por el Seprona de un delito contra la fauna, en su    modalidad de tráfico de especies protegidas o sus derivados,

La vista, inconclusa porque un problema técnico impidió la declaración de uno de los testigos guardias civiles que realizó el informe técnico, se basó en el interrogatorio al acusado y al agente del Seprona que fue quien estuvo al frente de la inspección en la tienda en noviembre de 2019. Esta se hizo a partir de una llamada en la que alguien había informado de la presunta venta de especies protegidas en este comercio.

El anticuario mostró su sorpresa por la acusación y porque el caso haya llegado a derivar en un juicio oral tras un largo proceso. Explicó que había adquirido estos especímenes en una subasta de antigüedades en Londres, en una feria anual del sector, en Holanda, y en un comercio francés on line, como había hecho en otras ocasiones. Sostuvo que se trataba de antigüedades y que aportó las facturas de las compras cuando le fueron requeridas por la Guardia Civil. No disponía de la certificación de cada ejemplar porque al ser del siglo XIX, el reglamento de la Unión Europea de 4 de mayo de 2006 establece que «no se requerirá ningún certificado a las antigüedades obtenidas antes del 1 de junio de 1947».

La vista ora se celebró ayer por la mañana en el Juzgado Penal de Maó. | M.J.U.

El anticuario indicó que bastaba con comprobar datos evidentes de las vitrinas de los animales por su estilo victoriano o con el nombre del taxidermista que aparece junto a cada animal, un profesional nacido en el 1811, para constatar su origen. «El mercado es libre», añadió, «soy anticuario y historiador de arte, como mi padre y mis hermanos, sé lo que compro y su autenticidad», dijo.

En el fondo el profesional del sector, como posteriormente acreditaría su abogado en los interrogatorios a los testigos, deslizó que la investigación había obviado la comprobación de las piezas que le fueron incautadas de su tienda por los guardias civiles.

Un dato relevante fue, dijo, que los nueve caballitos de mar que le fueron requisados no eran ni siquiera animales disecados sino piezas de resina hechas en molde y colocadas en una vitrina que había adquirido en una tienda de decoración francesa. Tanto los caballitos como los ejemplares de seis especies de aves protegidas, además de una ardilla estuvieron expuestos en el juicio, a petición de la defensa.

El responsable del Seprona en la inspección explicó que el acusado no acreditó la trazabillidad de los animales disecados que tenía a la venta, y que en las facturas que les presentó no aparecían los nombres, aunque el abogado de la defensa le mostró al menos una de ellas en la que sí figuraba. El guardia dijo que las facturas estaban en inglés cuando debería haberlas presentado en castellano.

Recogida la documentación con las fotografías y remitida al Soivre (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones), el informe técnico concluyó que se trataba de especies protegidas aunque no necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe ser controlado para garantizar su supervivencia. El guardia del Seprona insistió en que a pesar de ser antigüedades necesitaban una certificación de que lo eran, documento que no presentó su propietario, declaró.

El apunte

Una mañana accidentada por problemas técnicos en la sala

Todos los juicios de ayer en el Juzgado Penal de Maó se celebraron con retraso por problemas técnicos en las comunicaciones y sistemas informáticos. En la vista más importante a celebrar, la de la acusación al anticuario de Maó, no se terminó porque uno de los testigos no pudo declarar al no funcionar el sonido de la videoconferencia. Su testimonio y las conclusiones finales se fijaron para el 11 de marzo.