El abogado mahonés fue juzgado en la Audiencia Provincial el 10 de noviembre de 2017. | Alejandro Sepúlveda

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La Sala Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena Gómez, hoy al frente del juicio a los independentistas catalanes, ha confirmado la pena de tres años de cárcel al abogado mahonés, Salvador Timoner, como autor de un delito de estafa a un empresario de la misma ciudad.

El alto tribunal no ha admitido el recurso de casación que presentó la defensa del letrado menorquín, de 57 años de edad, tras haber sido condenado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, en diciembre de 2017. Este mismo tribunal dictó el pasado febrero el auto de ejecución de la sentencia tras conocer el fallo del Supremo que conlleva su ingreso en prisión. La abogada de la defensa ha tramitado la solicitud del indulto al Gobierno.

El Supremo rechazó los siete puntos en los que se basó el recurso de casación a la sentencia condenatoria que incluye la indemnización a la sociedad Fonts Rodones SL, de 464.000 euros y una multa de 9 meses con cuota diaria de 10 euros. El abogado alegaba infracción de precepto constitucional, infracción de ley, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba e infracción del derecho de defensa a no declarar contra sí mismo, entre otros.

Los hechos que le condenaron ocurrieron en el verano de 2008 cuando el condenado, entonces presidente del Consejo de Administración de Comosa, contactó con el empresario representante de Fonts Rodones, al que unía una relación de amistad. Le ofreció una operación conjunta para adquirir una parcela de Comosa en el Polígono Industrial de Maó. El abogado acabó ingresando en su cuenta particular los 464.000 euros que le dio el empresario en dos cheques y un pagaré incluyendo la parte del abogado ya que este le dijo que, eventualmente, no disponía de liquidez para aportarla.

La venta no se realizó, el consejo de Administración de Comosa no tuvo conocimiento de la identidad del comprador y el letrado acabó apropiándose de los 464.000 euros, de los que solo le devolvió 40.000.

La sentencia subrayó que el abogado nunca tuvo intención de vender la parcela ya que no estaba facultado para ello considerando, además, que el precio fijado por Comosa era de 750.000 euros y no la cantidad por la que él la ofertó al empresario. «El engaño consistió en informar de un precio muy inferior al establecido por la propiedad para asegurar el interés del comprador para apropiárselo, pues sabía que la venta no se haría por ese precio».

El abogado mahonés entregó pagarés al empresario, el acta notarial de reconocimiento de deuda e hipoteca de su casa, pero el tribunal consideró que solo fueron maniobras dilatorias para aplacar al perjudicado ya que los pagarés no fueron atendidos, el compromiso de pago tampoco y la hipoteca era inejecutable debido a las cargas preexistentes».

En el juicio en el que fue defendido por el abogado Javier Tamarit, Timoner trató de demostrar que la cantidad aportada por el empresario había sido un préstamo, y que siempre tuvo voluntad de devolvérselo.