Economía.- PP y CiU pactan en el Senado tratar de anular el nuevo régimen de incompatibilidad entre abogados y auditores

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de PP y CiU han presentado sendas enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Auditorías de Cuentas y Sociedades Anónimas en las que coinciden en pedir que se eliminen las novedades que introducía la norma en relación al criterio de incompatibilidad entre las actividades de abogacía y auditoría para volver al 'status quo' anterior.

El texto de las modificaciones propuestas, al que tuvo acceso Europa Press, prohíbe que la auditoría preste simultáneamente servicios de abogacía a la entidad auditada, salvo que dichos servicios los lleven a cabo personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes, eliminando, eso sí, el plazo de tres años fijado en la norma original para que dicha prevención deje de aplicarse.

Después de que la Mesa y Portavoces de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobara un texto de consenso para corregir numerosas contradicciones entre las enmiendas introducidas pero endurecía los criterios de incompatibilidad hasta el punto de que los auditores no podrán prestar ningún servicio de abogacía para las entidades que auditen.

A partir de ese momento, PSOE, PP, CiU y PNV empezaron un proceso de negociación que se ha cerrado finalmente sin acuerdo. Así, los socialistas han optado por proponer que se recupere el texto original del proyecto de Ley, sin ninguna modificación, mientras que el PNV ha optado por una enmienda que supone una amalgama de las propuestas de PSOE, PP y CiU y que podría servir de base para la negociación que se inicia ahora en la Cámara Alta.

PP Y CIU, CON LOS ABOGADOS.

La propuesta finalmente pactada entre PP y CiU se posiciona en línea con las reclamaciones de los abogados, que habían expresado su descontento con un proyecto de ley que el Gobierno aprobó a finales de 2009 y que sólo contempla la incompatibilidad cuando los servicios de abogacía se refiere a la resolución de cuestiones con una "incidencia significativa" en los estados financieros u otros documentos contables correspondientes al período o ejercicio auditado.

De hecho, CiU justifica la enmienda en base a la sentencia del Tribunal Supremo del año 2003 que validó la "corrección jurídica y legalidad" de la regulación del Estatuto de la Abogacía, reglamento que establece que es compatible la prestación de servicios de auditoría y abogacía "siempre que se haga por sociedades distintas con consejos de administración diferentes".