Ports garantiza sus amarres a los usuarios del Lago de Cala en Bosc

La asociación creada por los afectados asegura precios por debajo de los que anunció Newport

Los 270 amarres del Lago de Cala en Bosc, que durante 30 años ha explotado Newport. | ARCHIVO

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Los concesionarios del puerto deportivo de Cala en Bosc podrán mantener sus amarres a partir de este domingo 6 de abril, pese a que ese día caduca la concesión de 30 años de la que ha disfrutado desde 1995 la empresa Nexport Nautical Experience para explotar los 270 puestos de atraque del Lago. Así lo asegura la recién creada asociación de usuarios después de la reunión que su presidente Tolo Torres y el abogado que les asiste, Guillem Goñalons, mantuvieron el pasado jueves con el director general de Ports, Antoni Mercant.

Ese mismo día, Torres, Goñalons y el nuevo vicepresidente de la entidad, Joaquín Mayans, reunieron a los asociados para transmitirles un mensaje de «tranquilidad y optimismo», a la espera de que el Consejo de Administración de Ports tome las decisiones que el director general les adelantó.

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Pago directo a Ports

Según explican, pese a que Nexport siga gestionando el puerto en precario, a la espera de una futura adjudicación, las nuevas tarifas serán fijadas directamente por la administración autonómica. Los precios estarán «lejos de las elevadas tarifas de las que Nexport había informado por carta a los amarristas», sin disponer –aseguran–, de la competencia para hacerlo. «Nexport carece de legitimidad para formalizar nuevos contratos», insisten, y también para cobrar a los actuales amarristas, que podrán pagar directamente a Ports.

El director general ya dejó claro en septiembre a este diario que, al perder la concesión, Nexport pasará «a no tener ningún derecho sobre el puerto». Antoni Mercant recuerda que la empresa «no quiso» prorrogar su gestión en el Lago cuando el Govern se la brindó y que, por tanto, ofrecer derechos más allá de abril, como ha venido haciendo desde después del verano, «es simplemente ilegal».

El desacuerdo entre Ports y la empresa concesionaria se dirimirá en los tribunales de justicia, donde se han interpuesto diversos contenciosos-administrativos para resolver la controversia.