Los 276 amarres del puerto deportivo del Lago de Cala en Bosc son gestionados mediante concesión desde 1995.

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La renovada asociación de amarristas del Lago de Cala en Bosc ha pedido por escrito el amparo administrativo de Ports de les Illes Balears para evitar la «gestión discrecional y abusiva» que pueda llevar a cabo la empresa Nexport a partir del próximo 6 de abril, cuando expira la concesión de 30 años de la que ha disfrutado en el puerto deportivo y mantendrá prorrogado el servicio.

En un escrito del abogado Guillem Goñalons dirigido al jefe del área jurídica de Ports, Antoni Armengol, la entidad solicita que se declare a todos los cesionarios de amarre como precarios, «en igualdad de derechos y obligaciones» que Nexport, y se prohíba a la empresa que pueda sacar sus embarcaciones del amarre «hasta que exista una nueva adjudicataria». Con ello, pretende evitar el «ultraje» de la concesionaria mientras no se resuelva el nuevo concurso público que Ports está preparando para adjudicar la gestión para los próximos años.

La asociación pide que se declare ilegal cualquier cambio en los precios de alquiler, como los que Nexport pone como condición para poderles mantener el amarre a partir del fin de la concesión. El colectivo quiere incluso hacer los pagos de mantenimiento de sus amarres directamente a la cuenta bancaria de Ports y no ingresárselos a la empresa.

Los cesionarios acompañan su petición de cuatro documentos que consideran ilegales, por cuanto entienden que la gestora «no se encuentra legitimada para emitirlos y carecen de vinculación jurídica», al no tener renovada la concesión. «Al estar en precario, no puede efectuar una novación del contrato original o una nueva gestión en perjuicio de los cesionarios de los amarres», lo que sí pretende la empresa al hacer -entienden- una «interpretación sesgada» de la Ley de Puertos.

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La asociación de cesionarios dice ser espectadora de la «vorágine de acusaciones» entre Nexport y la administración, sobre todo después que la empresa haya anunciado que denunciará a altos cargos funcionarios de Ports por un presunto delito de prevaricación, por no haberle renovado la concesión a la que cree que tenía derecho.

«Total apoyo» de Lafuente

Los amarristas dicen contar con el «total apoyo» del conseller Juan Manuel Lafuente, con el que se reunieron el 21 de noviembre, cuando les exhibió la resolución del consejo de administración de Ports del año pasado por el que se desestima la ampliación de la concesión a Nexport por espacio de cinco años. Además, existe un litigio contencioso abierto en los juzgados de Ciutadella entre Nexport y Ports, en el que la asociación quiere personarse como parte «afectada».

Antes de pedir el amparo de la administración, una representación de los cesionarios se reunió también con el gerente de Nexport, Gabriel Cerdà, para hacer «un ejercicio de escucha activa de toda su argumentación», con la que dice «discrepar abiertamente». De hecho, fue en esa reunión que Cerdà comunicó a los afectados que en abril retiraría sus embarcaciones del amarre si no le abonaban la nueva cuota establecida antes de fin de año, lo que ha empujado a la asociación a solicitar el apoyo de Ports. «Nexport no tiene derecho a realizar el citado acto de desnudamiento», concluye.

Nexport gestiona un total de 276 amarres en el puerto deportivo de Cala en Bosc, de los que la mayoría son de base y concesión y solo 69, de tránsito.

El apunte

La empresa puede seguir gestionando los amarres hasta que haya nuevo adjudicatario

La actual concesionaria se ampara en el artículo 89 de la Ley de Puertos para seguir gestionando los amarres hasta que un futuro concurso traspase el servicio a otra empresa. Según este artículo, «mientras no se produzca la reversión de las instalaciones a la administración, el concesionario tendrá que continuar gestionándolas a precario», manteniendo sus obligaciones hasta que se otorgue un nuevo título concesional.
Nexport ha pedido también por escrito a Ports que no adjudique la concesión hasta que no se haya resuelto la controversia judicial que mantienen ambas partes, con un contencioso-administrativo y una denuncia por un presunto delito de prevaricación todavía por dilucidar. En medio de la disputa están los cesionarios, que en 1995 se hicieron con un amarre durante el tiempo que durara la concesión, 30 años, y que ahora pretenden mantenerlo sin que tengan que pagar más por ello.