¿Licencias de obra en tres meses? Los alcaldes del PP-Menorca dudan de la propuesta de Feijóo

Los ediles populares se comprometen con el objetivo de crear más vivienda pero apuntan que las medidas anunciadas por el presidente del partido se dirigen a grandes ciudades, «no son municipios como los de Menorca, hay que llevarlo a lo posible en cada contexto», señaló el alcalde de Alaior, José Luis Benejam, quien subrayó el esfuerzo de personal que requieren los ayuntamientos para tramitar permisos y realizar inspecciones. Ahora mismo Alaior tarda algo menos de doce meses en conceder una licencia.

El plan anunciado por Feijóo se refiere siempre al suelo urbano y busca certificar más rápido los finales de obra y acelerar la concesión de licencias para construir.

Declaración responsable

Otra medida anunciada es la agilización del urbanismo mediante la declaración responsable, que sirva como título habilitante para las licencias de primera ocupación de viviendas terminadas. En este sentido, la alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, apunta que «es a cuenta y riesgo del interesado, hay que estar muy seguro», porque de lo contrario se deben afrontar posibles modificaciones a posteriori. Sant Lluís concede ahora mismo las licencias en plazo, tres meses «o menos para que sean informadas», asegura Tronch, «otra cosa es que presenten deficiencias a subsanar, y si requieren informes de otras administraciones, es cuando se complica».

También el alcalde de Es Castell, Lluís Camps, garantiza que las licencias de obras «tardan entre uno y tres meses si los proyectos se presentan inmaculados». Además destaca que reforzaron el área de Urbanismo creando una segunda plaza de arquitecto precisamente para agilizar trámites. «Me identifico con ese compromiso de Feijóo», declaró ayer. Respecto a la concesión de permisos por silencio positivo añadió que «lo ideal es estar en la horquilla legal y no recurrir a él, es complicado, si es una obra nueva necesita de los informes técnicos municipales y de garantías jurídicas».

El Ayuntamiento de Ferreries tarda algo más de medio año en conceder una licencia de obras. Su alcalde, Pedro Pons Huguet, se pone como objetivo rebajar el plazo a cuatro o cinco meses en 2025, y recuerda que las peticiones en suelo rústico son las que más atasco generan, ya que dependen de informes de otras administraciones. El registro de entrada es único y no da prioridad a una tipología u otra.

En cuanto al silencio positivo y la declaración responsable, Pons Huguet cree que los peticionarios «asumen» la espera antes que arriesgarse a ejecutar una obra que luego puedan tener que deshacer, en el caso de incurrir en algún error que se detecte en inspecciones posteriores.

Ferreries estudia cómo priorizar las licencias de reformas para primeras viviendas mediante una declaración jurada, algo que ya se hace en Eivissa, pero con «condiciones», para que no ‘cuelen’ primeras viviendas que en realidad son segundas residencias. En Es Migjorn, la alcaldesa Antonia Camps asegura que la propuesta del silencio positivo «me parece bien», el Ayuntamiento del pequeño municipio cumple el plazo de tres meses «y la inspección de primera ocupación procuramos acelerarla».

Por su parte, el alcalde Joan Palliser, de la Entesa d’Es Mercadal i Fornells, en pacto de gobierno con el PP, señala que deberá evaluar el plan de vivienda con los concejales populares y los técnicos municipales.

No obstante y pese a las diferencias ideológicas, Palliser coincide con algunas de las posturas expresadas por los alcaldes populares, y es que dar permisos por silencio positivo «podría provocar luego un aumento de expedientes por disciplina urbanística». Alude a los problemas para contratar personal cualificado. Es Mercadal tarda menos de un año en dar licencias pero supera de lejos el plazo legal de tres meses, reconoce el alcalde.

Declaración

El plan de Feijóo surge del encuentro con más de treinta alcaldes de grandes municipios que mantuvo en Zaragoza, y de dónde salió ese «frente común» en materia de vivienda». Son municipios de más de cien mil habitantes, muy lejos de la realidad de Menorca. No obstante, el senador del PP Cristóbal Marqués subraya que «se comparte un objetivo común, compartimos el problema y la búsqueda de soluciones, hay que hacer más pisos porque es necesario».

El político popular critica que «ha habido leyes de la izquierda que han impedido hacer promociones de viviendas, un crecimiento urbano regulado en los planes generales».

Taltavull: «Para algo simple está bien, pero si es obra nueva lo veo un poco disparatado»

Enric Taltavull, presidente del Colegio de Arquitectos en Menorca, afirma que la Administración «ha demostrado su incapacidad de cumplir la ley», en lo relativo al plazo de 3 meses para dar licencias. Su concesión por silencio positivo no la ve clara, «si es algo simple está bien, pero si es una obra nueva lo veo un poco disparatado». La ley no lo admite y «tiene lógica, es importante la seguridad jurídica», teniendo en cuenta que se afrontan inversiones importantes «no quieres verte envuelto en problemas jurídicos». Cree que hay una actitud poco favorable hacia esa fórmula tanto por técnicos municipales como por algunos miembros de la junta del Colegio. Para Taltavull una «vía razonable si hay acuerdo», más que el silencio positivo, es utilizar el mecanismo que ya funciona en ciudades como Madrid, mediante entidades de control urbanístico, es decir, externalizar ese trabajo de revisión y verificación de los permisos. «Son un instrumento interesante», apunta.