Una veintena de casas de las calles Riu Pla y Sa Nou Pinya de Cala Rata son los particulares que permanecerán en la zona de influencia de la Base Naval con el nuevo decreto. | Katerina Pu

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El Ministerio de Defensa tiene desde hace medio siglo derecho de veto en las obras de gran calado y las transmisiones que se realicen en propiedades ubicadas en determinados espacios de la Isla. Ahora mismo estos son, en el caso de las reformas, el entorno de la Estación Naval de Maó y, por lo que respecta a los cambios de titularidad, el suelo rústico. Las operaciones en estas zonas requieren un permiso de Defensa, trámite que prácticamente siempre es afirmativo.

Esta área se va a ver reducida en breve. Defensa tramita un decreto que cambia las condiciones de la zona de interés militar situada alrededor de la Estación Naval. Se va a excluir de esta consideración la cara norte del núcleo urbano de Maó, con lo que sus propiedades quedarán liberadas del permiso de Defensa para las grandes obras. En lo que se refiere a inmuebles particulares, solo permanecen en la zona de influencia de la Base unas veinte casas de Cala Rata, que con el decreto deberán pedir permiso para obras de gran calado, como ahora, y también para realizar cambios de titularidad.

Por orden. La Ley 8/1975 de 12 de marzo de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobada todavía en la dictadura, define los espacios bajo la tutela del Ministerio de Defensa. Esta norma fue desarrollada en un reglamento en 1978, donde se establece que todas las islas del Estado pasan a ser «zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros». Esto significa que las operaciones de cambio de titularidad (venta, cesión, herencia...) a personas extracomunitarias debe ser autorizadas por el Ministerio de Defensa. Las excepciones que indica la norma reducen la aplicación de este precepto al suelo rústico, fijando un tope del 15 por ciento de suelo rústico que puede estar en manos de extracomunitarios, por norma general.

Esto conlleva que en cada transmisión de un lloc a un extracomunitario se requiere tramitar un permiso ante el Ministerio de Defensa. El notario Enrique Garí explica que esta gestión puede demorarse varios meses, lo que en situaciones concretas puede ser un contratiempo, y que no conoce ningún caso en que se haya denegado. La ley fue aprobada en un contexto geopolítico completamente distinto al actual.

En base a esta ley, en 1984 se aprobó una orden que establecía la «zona de seguridad de la instalación militar Estación Naval de Mahón», que comprende 300 metros alrededor del perímetro de las instalaciones y una milla por mar. La orden dejaba bajo la tutela del Ministerio de Defensa las inmediaciones de la Estación Naval, con una veintena de viviendas de Cala Rata como caso más peculiar; la fachada norte de la ciudad, desde las inmediaciones del antiguo Hospital Verge del Toro hasta casi la línea de la Colársega; el interior del puerto, el canal de entrada y la zona de fondeo de la bocana. En este espacio las actuaciones de cierto calado de las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Maó, Consell o Autoridad Portuaria de Balears, deben ser informadas al Ministerio de Defensa, al mismo tiempo que requerirán permiso las obras de cierta consideración, incluso en casas particulares. Enrique Garí explica que este ‘ok’ se obtiene por parte del Consistorio cuando tramita la licencia de obras correspondiente.

El decreto ahora en trámite reduce el área de influencia de la Base, que pasa a la categoría de «zona de interés para la Defensa Nacional», y la definición de unas condiciones propias. El comandante de la Estación Naval, Federico Santiago Pérez Dueñas, desvincula por completo este proceso de las recientes noticias sobre el mayor peso del puerto de Maó en la actividad de la flota de la OTAN. Explica que responde a una actualización de estos espacios iniciada por Defensa a nivel estatal en 2021.

El borrador del decreto establece que en esta zona, que pasa a ocupar 279 hectáreas, las administraciones deben comunicar cualquier actuación pública de cierta relevancia, requieren autorización las transmisiones de propiedad «con independencia de la nacionalidad o naturaleza del otorgante» así como las obras de envergadura, y se necesita permiso expresa para sobrevolar drones. Sobre el área, salvo que sea en las maniobras de despegue o aterrizaje, no se puede sobrevolar por norma general. Pérez Dueñas asegura que son cambios poco significativos y que solo supondría una opción real de veto en casos como instalaciones que interrumpieran el canal de entrada al puerto o la instalación, por citar un ejemplo, de una antena de telefonía la lado de la Base Naval.

El apunte

El ‘brexit’ aumenta los afectados por el trámite extra en la transmisión de ‘llocs’

El notario Enrique Garí comenta que con el ‘brexit’ los propietarios británicos han pasado a estar afectados por la norma que requiere un permiso del Ministerio de Defensa para transmitir una propiedad en suelo rústico, lo que ha aumentado el volumen de operaciones con esta casuística, ya que hace un tiempo el británico era un mercado comprador en la Isla. Cita como caso frecuente, y al que genera una complejidad adicional, las herencias en familias del Reino Unido. Para Garí, lo idóneo sería que este condicionante se anotara en el registro por parte de Defensa, puesto que ahora existe un relevante desconocimiento.