El 17 de octubre de 2023 se presentó el nuevo servicio contratado desde el 1 de julio de 2022. | Archivo

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La Sindicatura de Comptes ha detectado incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria de la recogida separada de residuos de Maó y Es Castell que «pueden suponer causa específica de rescisión del contrato». El retraso en la puesta en marcha del nuevo servicio —el contrato está en vigor    desde el 1 de julio    de 2022, pero el sistema puerta a puerta no se empezó a implementar hasta noviembre de 2023— ha provocado incidencias que ahora el órgano fiscalizador de las cuentas públicas subraya en su último informe sobre las subvenciones y contratos del Consell y sus órganos dependientes, relativo al año 2022, en el que se cerró la licitación del nuevo sistema de recogida.

Una de las incidencias detectadas que revisten mayor gravedad se refiere al incumplimiento por parte de la empresa, FCC Medio Ambiente SA, de la propuesta de renovación de vehículos que figura en la oferta con la que logró ganar el concurso y hacerse con un contrato de más de 27 millones de euros para un periodo de ocho años. La Sindicatura de Comptes señala en su informe que el precio ofertado por la empresa incluye un coste anual de alrededor de 307.000 euros para recuperar gastos de la renovación de su flota con 22 vehículos nuevos comprometidos que no ha aportado ni en plazo ni en la cantidad suficiente.

El órgano fiscalizador pone de relieve que en los pliegos del concurso público se establecía que la empresa tenía cinco meses para llevar a cabo esa renovación, hasta el 30 de noviembre de 2022, pero que no lo ha empezado a hacer hasta el segundo semestre de 2023, con ocho vehículos nuevos, y otros nueve hasta el mes de abril de 2024. Son cinco menos y fuera de tiempo. Esta situación constituye —denuncia la Sindicatura— «un incumplimiento del contrato por parte del contratista, así como de obligaciones esenciales», lo que podría motivar la rescisión del contrato.

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El informe pone el acento en una realidad que resulta gravosa para las arcas públicas. Durante todo el periodo de vigencia del contrato (desde el 1 de julio del 2022) el adjudicatario ha cobrado «el precio íntegro estipulado en el acuerdo contractual y no consta la imposición de ninguna de las penalizaciones previstas en el pliego de cláusulas del contrato». Dicho de otro modo, la empresa adjudicataria ha cobrado un año y cinco meses del nuevo servicio —cerca de cinco millones de euros— sin que se haya llegado a poner en marcha.

En este punto hay que apuntar un matiz. FCC sí ha prestado el servicio de recogida de basura durante ese periodo, pero no con el nuevo sistema puerta a puerta, que es más del doble de caro, sino con el viejo sistema de contenedores. La empresa ha empezado a cobrar sus ocho años del nuevo contrato a razón de casi 3,4 millones anuales (prorrateados mensualmente) pese a que, transcurrido casi un 18 por ciento del periodo de vigencia, no se han aplicado las medidas para conseguir llegar a los objetivos comunitarios del nivel de separación de residuos en origen. También debe constar que el retraso en la implantación del puerta a puerta no es achacable a la empresa —hay otras cuatro en esta situación ya que el servicio se dividía en lotes—, sino al Consorci de Residus i Energia y, en todo caso, al Consell y a los ayuntamientos que lo integran.

El informe no entra a valorar los motivos que llevaron a esa llamativa demora, entre otras cosas porque en sus alegaciones, remitidas en documento firmado el pasado 19 de septiembre, el Consell se limita a argumentar sobre esta y otras incidencias detectadas en el contrato que «desde el Consorci de Residus i Energia manifiestan que 2022 fue un año complicado, con muchos expedientes de contratación, con dificultades para la contratación de personal para poder dar salida a todo el trabajo por hacer», un texto de ‘copia y pega’ que viene a poner en evidencia la incapacidad de la institución para controlar los grandes contratos de servicios que encarga a empresas privadas. En la misma alegación, idéntica para otras incidencias detectadas, el Consell se escuda en que la asesora jurídica que gestionó los expedientes «ya no trabaja en el Consorci y siguen con falta de personal, por lo que en estos momentos les resulta imposible revisar todos los expedientes para dar respuesta a las incidencias detectadas».

Causas del retraso

Entre las causas confesables de este retraso se encuentra la declaración como desierto del lote relativo a la compra de los cubos y la instalación de las áreas de aportación, aunque fue adjudicado solo unos meses después, con contrato en vigor desde el 18 de octubre de 2022. Cuando empezaron a llegar los contenedores, un informe municipal del Ayuntamiento de Maó aseguraba que la campaña informativa del puerta a puerta no podía coincidir con el periodo preelectoral, una resolución muy propicia para unos partidos políticos temerosos del coste electoral que podía tener la implantación reciente de una medida tan polémica. Después de las elecciones se consideró mejor esperar a que acabara la temporada.

Las claves
  1. La empresa cobra mes a mes con o sin puerta a puerta 

    La empresa adjudicataria cobra por el nuevo contrato, en vigor desde julio de 2022, se implante el sistema puerta a puerta o no. Hasta noviembre de 2023 no se empezó a poner en marcha en algunos núcleos urbanos.

  2. El nuevo sistema cuesta más del doble que el viejo

    El contrato de la recogida puerta a puerta resulta mucho más costoso que el viejo sistema de contenedores. Aunque se siga usando el viejo sistema, la adjudicataria cobra íntegramente el precio estipulado para el nuevo.

  3. El retraso no es achacable a las adjudicatarias

    El retraso en la implantación del sistema puerta a puerta no resulta atribuible a las empresas adjudicatarias. Primero quedó desierto uno de los lotes, luego llegaron elecciones y después se prefirió esperar a la temporada baja.