Operarios de la empresa recogiendo residuos en una calle de Maó.

Operarios de la empresa recogiendo residuos en una calle de Maó. | Katerina Pu

Javier Gilabert28/12/24 4:00
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En su último informe de control de las subvenciones y contratos del Consell, relativo al año 2022, la Sindicatura de Comptes toma una muestra de los contratos más relevantes de ese ejercicio, en el que se resolvió una de las adjudicaciones más cuantiosas de los últimos años: el contrato para la recogida separada de residuos en Maó y Es Castell, el famoso puerta a puerta, en rigor cinco contratos en los que finalmente se ha dividido el servicio, valorado en global en casi 30 millones de euros para ocho años que empezaron a contar en 2022.

Este contrato es el que presenta un mayor número de deficiencias, hasta 15 que abarcan seis de los ocho códigos en que el órgano fiscalizador de las cuentas públicas organiza las incidencias. Se han detectado en la forma de tramitación y el procedimiento de adjudicación, en la publicidad de los contratos, en la selección de los contratistas, en la formalización de los acuerdos y en la ejecución de los mismos. Tan solo están libre de objeciones la definición del objeto de los contratos y el precio estipulado.

Muchas de las incidencias detectadas no solo afectan al contrato del servicio de recogida puerta a puerta, sino a otros contratos que han sido analizados como el de la recogida de residuos en el resto de municipios y el de la ejecución de mejoras en la eficiencia energética en el alumbrado público de Ciutadella, Ferreries y Alaior. El informe viene a mostrar las dificultades que arrastra el Consell para controlar los grandes encargos que adjudica a empresas privadas.

Carencias

Ese descontrol queda además patente en las alegaciones que hizo llegar el Consell a finales del pasado mes de septiembre, en las que se limita a asegurar que el año 2022 (al que se remite el informe de la Sindicatura) fue «muy complicado, con muchos expedientes» y «dificultades para contratar personal y dar salida a todo el trabajo por hacer». La situación de falta de medios para hacer seguimiento de las grandes contrataciones perdura a día de hoy. En ese sentido, desde el Consell afirman en dichas alegaciones que «la asesora jurídica que gestionó los expedientes ya no trabaja en el Consorci» y que el ente público «sigue con carencias de personal», lo que hace que «en estos momentos le resulte imposible revisar todos los expedientes para dar respuesta a las incidencias detectadas».