Olives es el presidente de la patronal en Balears.    | ARCHIVO

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El problema no está tanto en la disponibilidad de las empresas constructoras que operan en la Isla como en los precios de las licitaciones que ponen las distintas administraciones. Así lo expone Climent Olives, presidente de la Asociación Balear de Constructores, quien en todo caso, se muestra escéptico sobre la llegada conjunta de tanto capital de los fondos europeos para acometer obras de cierta envergadura. «Hace tres años que hablan de ellos pero yo no los veo, indica».

Olives afirma que en Menorca, pese a la gran cantidad de obra pública a ejecutar durante 2025 con plazos establecidos para no perder las subvenciones europeas, según las inversiones previstas en cada institución, «las empresas están más o menos capacitadas para afrontarlas, y si algunas quedan desiertas será por el precio que les ponen más que por falta de constructoras».

En Mallorca se han dejado de hacer 43 obras públicas este año al no querer ejecutarlas ninguna empresa, en la mayoría de casos porque el presupuesto destinado era bajo, ha expuesto la patronal del sector. En Menorca no debería suceder igual, aunque Olives admite que «sería necesaria una planificación conjunta de las administraciones, esa supondría la solución perfecta», acompañada por precios de salida que animen a acudir a la licitación, «y alargar los plazos de ejecución, de otro modo sí puede haber problemas».

El presidente de la asociación balear insiste en que «siempre hemos pedido esta planificación, e incluso que las obras salgan fraccionadas también para evitar que se tenga que recurrir a empresas de fuera». Se refiere, básicamente, a que las empresas buscan estabilidad «y no tener picos muy altos de trabajo, y otros muy bajos, eso no nos interesa.

Menor capacidad

Las constructoras de la Isla han cambiado sus perfiles desde el paso de la pandemia, señala Olives. «No tienen la capacidad que tenían porque falta mano de obra y porque la mentalidad de los trabajadores es otra». Precisa en este sentido que «priorizan el bienestar a las horas extras, lo que puede verse agravado con la reducción de la jornada que se plantea».