La arrastrera «Ciutat de Maó», con sus puertas voladoras en primer plano, dejó de pescar gamba el jueves. | Gemma Andreu

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Los profesionales de la pesca de arrastre asisten con incredulidad y no poca indignación a los vaivenes de la Unión Europea y el gobierno de España en cuanto a la aplicación de las nuevas normas restrictivas que van a reducir aún más su ejercicio profesional el próximo año. Se ha visto esta semana con la prohibición de las capturas de gamba roja, posteriormente levantada para las barcas que quieran pescarlas estos últimos días de 2024 a cambio de compensarlos con los de 2025, por mucho que cumplan las doce condiciones impuestas para ir recuperando jornadas de trabajo.

Josep Bondia, patrón de la arrastrera «Ciutat de Maó» denuncia otros fines para justificar las restricciones que se suman año tras año, al tiempo que ve del todo inviable que la Comisión Europea ceda a distribuir la cuota establecida por zonas, una medida que beneficiaría a la treintena de barques de bou de Balears.

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El motivo de regular la actividad de forma tan estricta «es que no hay pescado, pero no es cierto, hay suficiente y si no lo hubiera seríamos nosotros los primeros que daríamos la voz de alarma ya que somos los que estamos en el mar», apunta Bondia. Pone como ejemplo que este año su barca ha trabajado ocho meses la gamba roja «y hemos cogido más de 15.000 kilos, pero ahora quieren dejar un cupo de 6.800 kilos en 2025, o sea, trabajar menos días y pescar menos de la mitad con las mallas más grandes; se ríen de nosotros». De marzo a septiembre «ya hacemos una veda voluntaria, no hacemos la pesquera de tierra cercana a la costa, pero no podemos seguir limitando año el trabajo». Recela de que el cumplimiento de todas las condiciones permita ganar días y trabajar entre 130 y 150 «porque a nosotros no nos salen las cuentas».

Reitera que «hay pesca suficiente, el motivo de las restricciones son los intereses creados por el contrato firmado con Mercosur» para importar pescado de Latinoamérica. Apunta el patrón que en otros lugares se trabaja sin apenas regulación ni medidas «con barcas que son de armadores europeos, como en el norte de África».

Respecto a la petición que ha hecho el Govern al Ministerio de Pesca para que distribuya por zonas la cuota establecida por la Comisión Europea, y que los barcos balears no se vean perjudicados por el incumplimiento de los requisitos a cargo de la flota mayor del mediterráneo, Bondia lo descarta. «No tendrá efecto porque lo aplica la Unión Europea para todo el Mediterráneo». Subrraya que el ministro español no ha defendido a los pescadores de aquí por el interés del contrato con Mercosur, y desliza que el sector ya planea un nuevo paro a partir del 2 de enero y emprender acciones legales contra quienes deciden las restricciones en Europa y en España.

El apunte

Adaptar una ‘barca de bou’ a la nueva normativa puede costar 80.000 €

La instalación de las puertas voladoras en las barques de bou o las modificaciones para ampliar las redes y mallas exigidas para restringir la captura del pescado más pequeño y no dañar el fondo marino puede suponer un gasto de alrededor de 80.000 euros. En Menorca, explica el patrón de la «Ciutat de Maó», Josep Bondía, solo dos barques de bou las tienen, pero levantarlas y adaptarlas para que no toquen el fondo precisa un periodo de adaptación que también limitará el trabajo. Aún así, destaca que el problema ya no es solo esta inversión «sino que cada año nos van poniendo más limitaciones, es una situación angustiosa que nos quita todo el ánimo».