Un grupo de turistas pasean por la urbanización costera de Cala Torret, en el municipio de Sant Lluís. | Katerina Pu

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La modificación del Plan Territorial Insular (PTI) que anunció el PP cuando llegó al gobierno del Consell, y el estudio sobre el techo de plazas turísticas, fundamental para solicitar o no al Govern que levante su moratoria en Menorca, siguen pendientes, a pocos meses de que se cumplan tres años de la paralización de licencias y nuevas plazas que acordó el Govern balear en febrero de 2022.

El departamento de Ordenación Territorial, que dirige Núria Torrent, cuenta ya con un borrador del estudio de capacidad de carga turística de Menorca pero no ha dado a conocer ningún detalle sobre el mismo. Tampoco ha tenido acceso a ese documento la oposición, pese a que el conseller de Més per Menorca, Esteve Barceló, así lo solicitó por escrito. La respuesta de la consellera a su petición es que «se está trabajando en un borrador» y que en el momento en que se disponga del documento final, será facilitado a los otros grupos políticos.

El estudio sobre el techo de plazas turísticas –que según el último dato oficial actualmente suman en Menorca un total de    84.058–, es fundamental para la toma de decisiones en dos grandes ámbitos: el alquiler turístico, que es hacia donde apuntan la mayoría de propuestas que ha ido desgranando hasta ahora la consellera Torrent, y la limitación de la entrada de vehículos, una regulación que el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, también ligó a ese documento más amplio.

La idea inicial del gobierno popular era solicitar que se levantara la moratoria, pero hace un año vinculó su promesa a la elaboración del estudio de carga de la capacidad de alojamiento turístico y anunció que se había iniciado dicho trabajo, aunque sin especificar los parámetros que se estaban analizando ni los plazos que se barajan. De hecho el PPsiempre ha reprochado a la izquierda no haber incorporado ese trabajo con la última revisión del Plan Territorial.

Consultas

A finales del mes que viene se cumplirá un año desde que el Consell cerró la ronda de consultas con los ayuntamientos para que estos presentaran sus propuestas, con aspectos del Plan Territorial que plantean revisar. La zonificación del alquiler turístico era uno de los puntos que el PP se comprometió a modificar de acuerdo con esas peticiones municipales; las propuestas, salvo en casos puntuales como el de Alaior, que pide abordar el rompecabezas urbanístico de Son Bou, o Ciutadella, que con su anterior gobierno buscaba recuperar terreno urbanizable para no limitar su crecimiento poblacional, no trascendieron. Tras recabar las peticiones municipales la consellera de Ordenación Territorial, Núria Torrent, se fijó el primer trimestre de 2024 como fecha para tener el nuevo articulado del Plan listo y anunciaba que se había encargado el estudio sobre la capacidad de carga turística.

También el presidente, Adolfo Vilafranca, mantuvo ese mismo plazo para contar con un borrador del nuevo PTI, pero se ha incumplido.

De hecho, ya en abril, Vilafranca anunciaba que esperaba tener el estudio del techo de plazas turísticas en mayo, y acusaba a la izquierda de no haber aprovechado el PTI para poner límite al alquiler vacacional. Pero poco después la fecha se retrasaba a mediados de junio porque en realidad el trabajo se había encargado en febrero, cuando tenía que haber estado casi concluido. Por último, y en el balance del primer año de gobierno, el presidente señaló que el estudio de capacidad de carga de la Isla estaría acabado en julio. Se termina el mes de octubre y este continúa en un borrador.

Sin fecha para levantar la moratoria que finaliza en 2026

Establecer límites al crecimiento de plazas turísticas por parte de los Consell condiciona el levantamiento de la moratoria que aprobó el Govern socialista de Francina Armengol y que el de la popular Marga Prohens optó por mantener, para hacer frente a la masificación. El Govern aprobó el bloqueo de todas las plazas turísticas, vacacionales y hoteleras, en todas las islas, como parte de la reforma de la Ley de Turismo de Balears. Eso ocurrió en febrero de 2022 y la duración establecida era de 4 años, por lo que quedan dos más. El gobierno Prohens no ha dado una fecha para levantarla.