El sector turístico prevé un mínimo impacto en Menorca de la ley contra las fiestas ilegales

Por ahora el Parlament solo ha acordado, por unanimidad de todos los partidos, tramitar esta proposición de ley de Més per Menorca. La norma pretende compatibilizar y garantizar la convivencia entre la actividad turística y el derecho al descanso de los residentes.

Desde Viturme, la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca, su presidente, Javier Pons, apunta el argumento de que en la Isla «no suele haber graves problemas» con fiestas o celebraciones ilegales. «De vez en cuando puedes tener un vecino que se queje por ruidos, pero normalmente, no para mandar a la policía». De hecho, aunque pueda haber «momentos puntuales, como Sant Joan o Cincogema», tampoco es habitual e incluso «muchos propietarios ya no alquilan en esas fechas», y menos a jóvenes, y en establecimientos turísticos no se suelen aceptar grupos de más de seis personas.

Incluso, expone Joan Pons Torres, administrador de fincas y gerente de Es Pou de Torn, para evitar riesgos «se pide un aval de responsabilidades, de alguien que se pueda hacer cargo de posibles daños».

En la misma línea, el director comercial de Bonnin Sansó, José Pons, defiende que esta normativa ha de ir en la línea del «sentido común y la lógica convivencia» y coincide en que «en Menorca hay una realidad diferente a la de Mallorca o Eivissa». Así, «aquí no hay un turismo de masas como el de Magaluf, con grupos de jóvenes» deseosos de fiesta.

Más medios

Uno de los problemas que señala Pons Torres es «el problema de hacer cumplir las leyes» y los «medios que ponen» para ello, para controlar efectivamente las denuncias que puedan interponerse. Además, «¿contra quién hay que poner la denuncia? ¿Contra la propiedad, la agencia que lo ha alquilado?», se pregunta el gestor, quien ve que actualmente «tenemos poco margen de maniobra» cuando son conocedores de que se producen molestias en algún alojamiento de alquiler turístico.

En este sentido, Pons Torres se refiere al tipo de incidencia, «si solo son molestias, tiene poco recorrido, solo se suele denunciar si hay daños en la finca, para tramitarlo ante la aseguradora» que, por otro lado, «obliga a tener la ley turística», afirma.

En cualquier caso, Javier Pons considera que, aunque en la Isla no son frecuentes estos casos, cuando se producen «suele ser en alquileres ilegales». De hecho, recuerda que «el año pasado, Viturme recomendaba avisar a los clientes antes de que vinieran sobre que Menorca es una Reserva de Biosfera o sobre la sostenibilidad, es algo que se hace día a día» para intentar concienciar al visitante.

Inseguridad jurídica

José Pons considera positiva esta futura ley, si su objetivo es garantizar la convivencia. Eso sí, siempre que «no haya una intención de perseguir el modelo turístico y que sea un freno más para el propietario que se plantea alquilar».

Asimismo, Javier Pons considera que este tipo de normas «son buenas y nos ayudan a los que trabajamos» en este sector, aunque como inciden tanto Joan Pons Torres como José Pons, es fundamental que genere seguridad. Con esta futura ley «no se puede crear más inseguridad jurídica con su aplicación y la interpretación que luego hagan los jueces», señala en comercial de Bonnin Sansó, ya que en la actualidad el sector inmobiliario adolece precisamente de esto. Una de las principales causas de la falta de viviendas de alquiler es, para Pons Torres, que hay «mucha gente que prefiere vender antes que alquilar», justamente por las escasas garantías que existen para el propietario, porque «si te dejan de pagar el alquiler puedes tardar cuatro años para echarlos, o más si es una familia con niños».