Vista general del agroturismo de Torre Vella. | Gemma Andreu

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El coordinador territorial del GOB, Miquel Camps, criticó ayer el veto a los ecologistas en el Ayuntamiento de Alaior para poder ver el expediente. «Se nos ha denegado directamente, está denunciado ante el Consejo de Transparencia y puede acabar en un contencioso», declara Camps, quien recuerda que también el Consell insular tiene la petición de acceder a este expediente de Torre Vella sobre la mesa y aún no ha respondido. «Lo solicitamos en noviembre del año pasado y aún no hay respuesta, hace unos 10 días lo volvimos a reclamar», explica Camps.

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En relación con el informe del Consorcio de Disciplina en Rústico que avala al Ayuntamiento para seguir con el proyecto de legalización de las obras en el agroturismo, el portavoz ecologista señala que el proyecto tiene dos vertientes, la urbanística, en la que son competentes el Consistorio y el Consorcio, pero otra ambiental en la que existía un estudio de impacto que los promotores incumplieron. «Las piscinas tenían que ser depósitos para agua depurada», recuerda, «el informe de impacto ambiental se tiene que cumplir, la Comisión Balear fue muy clara».

Camps apunta directamente al Consell y asegura que es la institución la encargada de que se cumplan las condiciones ambientales «si se trata de un caso de interés general como es este» y es la última responsable de autorizar o no la legalización.