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La presidenta del Consell, Susana Mora, afirmó el lunes que algunas de las discrepancias que plantea la nota jurídica del Govern en relación a la proposición de Ley de Reserva de Biosfera superan lo jurídico . De hecho, el documento incorpora argumentos de calado político, de concepción de la comunidad autónoma y relativos a la idoneidad de una asimetría territorial así como a la gestión de recursos económicos que ahora se manejan en Palma.

Al cuestionar elementos como el traspaso de competencias, la participación del Govern en el proceso previo o la posibilidad de condicionar normativas y ámbitos ajenos, la nota jurídica eleva un muro de dimensiones considerables en el camino hacia la gestión diferenciada de Menorca en base a su condición singular de Reserva de Biosfera. Ahora corresponde a los técnicos del Consell determinar si estos argumentos son jurídicamente rebatibles, como apuntó Mora, o si tienen sólidos fundamentos. PSOE y Unidas Podemos quieren que esto se dilucide en la Isla,Més per Menorca que sea así durante el trámite parlamentario.

• DOCUMENTO. Consulte en este enlace el informe jurídico del Govern

De entrada, la nota avisa: el contenido del documento va más allá de la regulación de una Reserva de Biosfera. Subraya (literalmente en el borrador) que ser Reserva no presupone ningún tipo de traspaso de competencias, por lo que enumerar aquellas que deben pasar al Consell es una vulneración del Estatut d'Autonomia y del mecanismo establecido. Es más, atribuye a la proposición de ley un «agravio» respecto a la «lealtad institucional» al no dejar constancia de la «voluntad política del Govern» al respecto. Redunda en ella al refererise a la unilateralidad del Consell a la hora de querer alterar el Estatut.

La nota jurídica, emitida el miércoles día 6, indica que no se puede permitir un mandato de transferencias en una ley sectorial , ni siquiera con una disposición transitoria que condicione estas transferencias al acuerdo de la comisión interninsular. Por ello reclama la supresión de seis artículos que enumeran las competencias que serían asignadas por esta ley al Consell. La aportación de la Abogacía del Govern reitera que se vulnera el Estatut d'Autonomia, se invaden atribuciones que ahora pertenecen a otras administraciones y avisa de riesgo de inconstitucionalidad.

Los reparos de esta nota a la gestión diferenciada de un territorio por el hecho de ser Reserva de Biosfera aparecen al abordar las cuestiones económicas. Por ejemplo, considera un problema que la ley establezca que el Consell propondrá los proyectos a financiar con los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible recaudados en Menorca, algo que la jurista interpreta como «un antecedente discriminatorio respecto de otras partes del territorio». También corta de raiz cualquier pretensión de manejar desde Menorca el canon de saneamiento y considera «más sorprendente» que el Govern deba financiar una oficina de energía sobre la cual no podrá decidir.En algunos puntos habla de inconcreciones.

La nota discute la conveniencia de disponer de una ley para regular cuestiones, por ejemplo, de ordenación territorial , que a su entender tendrían un mejor encaje en instrumentos como el PTI o planes especiales. Por citar otro ejemplo, en lo referente a la estrategia de descarbonización considera más oportuno crear un marco específico para la Isla en la Ley de Cambio Climático de Balears, modificándola.

No acepta las intromisiones de esta proposición de ley en normas existentes de otras administraciones, ni tampoco que se establezca que la condición singular de Reserva de Biosfera tiene que contemplarse en las políticas y normas futuras tanto del Consell como del resto de administraciones. «Este efecto vinculante tiene que desaparecer con esta forma tan imperativa». Ahora hay que dilucidar qué es lo que impera.

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