Los criterios de sostenibilidad serán de obligado cumplimiento en los establecimientos hoteleros. | Josep Bagur

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Las primeras valoraciones emitidas por profesionales y referentes relacionados con el sector turístico de la Isla sobre el «decretazo» del Govern que impone una moratoria de cuatro años para la creación de nuevas plazas turísticas, vacacionales y hoteleras, coinciden en general, en que las formas no han sido las apropiadas en una norma de tamaña trascendencia.

Ha faltado consenso y su aplicación inmediata va a dejar en el cajón no pocos proyectos, señalan algunos de los consultados por este diario. La nueva norma tramitada como proyecto de ley queda abierta a que se introduzcan mejoras en su obligado paso por el Parlament donde la polémica estará servida.

Sin embargo, desde la valoración positiva del GOB, como punto de partida para que el Consell pueda diseñar el futuro modelo turístico de la Isla, a la crítica feroz de la presidenta insular del PP, Misericordia Sugrañes, hay un tramo intermedio. Es el que representa la confederación de asociaciones empresariales de Balears, por boca de su vicepresidente, José Díaz Montañés, y el del presidente menorquín del Colegio de Arquitectos, Enric Taltavull.

Ambos consideran acertado buena parte del contenido, e incluso el PPcomparte los aspectos encaminados al bienestar social. Destacan la circularidad que pregona el decreto, la apuesta por la calidad de los alojamientos turísticos en lugar de la cantidad y la sensiblidad mostrada para mejorar las condiciones de los trabajadores del sector, como cualidades que tienen que diferenciar a Balears de otros destinos.

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El representante de los arquitectos, lamenta que la regulación no quede unificada para todo tipo de alojamientos, entendiendo que se pierde una oportunidad para hacerlo.

Miguel Ángel Sicilia, cabeza visible de los aparejadores, teme el impacto negativo en la inversión porque quienes tenían intención de construir viviendas con fines de alquiler vacacional desistirán en su propósito, lo que además redundará en el perjuicio de los industriales que verán reducido su volumen de trabajo.

Otras asociaciones empresariales como PIME o Ashome optaron ayer por conocer con detalle la letra pequeña del texto antes de emitir una valoración sobre la nueva ley.

Críticas del alquiler turístico

Hoteleros y sindicatos en Mallorca han mostrado ya su apoyo al contenido de la nueva ley turística pero asociaciones de alquiler turístico se sienten engañadas. Es el caso de Habtur, la Associació d'Habitatges de Lloguer Turístic de les Balears. «Ha sido un despropósito y una falta de respeto, por lo que nos sentimos engañados por el Govern ya que la ley va a destrozar nuestro sector de alquiler turístico vacacional». Estima la asociación que la norma se ha hecho «para contentar a los socios de gobierno, y no puede ser que siempre paguemos los pequeños en detrimento de los grandes».

El apunte

José G. Díaz Montañés, vicepresidente de CAEB: «La supresión por decreto es el fracaso de la política»

José G. Díaz Montañés, vicepresdiente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), considera que la decisión del Govern tiene un fundamento positivo pero el Ejecutivo de Francina Armengol ha errado en el procedimiento adoptado para llevarlo a cabo.

«Aplaudimos que se institucionalice lo que desde el sector turístico hemos estado trabajando durante años en relación a la sostenibilidad», explica el empresario hotelero. Recuerda, por ejemplo, que la iniciativa de la circularidad a la que hace referencia el Govern en el decreto ley «ha sido de 13 empresas hoteleras en el seno de la Fundación Impulsa». Añade, además, que desde su sector se ha insistido igualmente desde hace años en trabajar «por la prosperidad social y económica de nuestra sociedad», como refleja el texto aprobado por el Govern.

Sin embargo. Díaz Montañés, precisa que «no estamos de acuerdo en cómo se ha gestionado el proceso en su conjunto», en referencia a la falta de diálogo y consenso. Por eso enfatiza que «la suspensión por decreto es el fracaso de la política».

Miguel Ángel Sicilia, presidente del Colegio de Aparejadores: «La norma causará un impacto directo en la inversión futura»

La moratoria tendrá consecuencias negativas en la Isla, estima Miguel Ángel Sicilia, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Menorca.    «Causará un impacto directo en la inversión futura;quien pensaba invertir en una vivienda vacacional para alquilarla en el mercado no lo hará». Explica Sicilia que «luchábamos para que dejaran hacer en zonas no turísticas, como Cala Llonga o Binixiquer, por eso esta moratoria afectará a los nuevos inversores».

        El decreto ha causado «sorpresa por las formas, se aprueba sin consenso social ni político, no se esperaba, aunque no afectará a lo que estaba en trámite».

Profesionales del sector «que nos quejábamos por el retraso en las licencias vamos a perder los proyectos. Mañana será un fastidio llamar a los clientes para decirles que no hemos llegado a tiempo aunque entiendo que se debe hacer así para evitar una avalancha de peticiones en el último momento». Pero el hombre, por naturaleza, «buscará soluciones lo que favorecerá el mercado incontrolado».

Enric Taltavull, presidente insular del colegio de arquitectos: «Es una pena que no haya una regulación única para todos»

Enric Taltavull, presidente de la demarcación de Menorca del Colegio de Arquitectos considera que hay aspectos positivos en el nuevo decreto que regula el crecimiento de plazas turísticas, aunque en una primera valoración, estima que se ha perdido una ocasión para conseguir una línea de actuación que iguale a todo el sector.

        «Creo que aporta conceptos nuevos, como economía circular, el tema de la gestión de residuos que valoro positivamente, aunque mantiene líneas de pensamiento de la ley anterior».Subraya que el decreto no varía cuestiones importantes como «que sigue permitiendo ampliación de hoteles sin parámetros urbanísticos por lo que crea un    marco jurídico diferente. Es una pena que no haya una regulación única para todos».

      En su opinión «todo esto es consecuencia del mal funcionamiento de la tramitación de permisos», porque «la industria turística no puede soportar los retrasos».

No prevé un perjuicio en cuanto a proyectos, «lo desconozco, pero no creo que sean demasiados porque la inversión turística es una parte muy pequeña aquí».

Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB: «Es positivo y traslada la responsabilidad al Consell para decidir el modelo»

Es un paso interesante y es positivo porque el gran incremento turístico de los últimos años venía del alquiler turístico», valora Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB. Recuerda que «Menorca ha hecho los deberes en el crecimiento urbanístico pero no los había hecho para evitar que lo ya construido se convierta en turístico». Esta era la consecuencia de que «aumentara la masificación e incidía en el incremento del precio de la vivienda».

        En general, por tanto, sostiene que el nuevo decreto «es positivo y lo que hace es trasladar la responsabilidad al Consell para definir el modelo que queremos».

      El decreto ley que impone la moratoria para crear nuevas plazas en el plazo de cuatro años, «es necesario para poder tener las herramientas que el Consell debe utilizar y con ellas decidir cualitativamente qué nuevas plazas quiere, cómo las quiere y hasta dónde podemos llegar». El GOB seguirá insistiendo en que «aumenten las inspecciones», ante el posible incremento de la oferta ilegal de alquileres turísticos, «pero no creemos que la ley haga que crezca más de la que ya existe».