Cristina Gómez advierte del riesgo para el acceso a la vivienda de Hauser & Wirth

«Menorca se inaugura en este tipo de cosas, que tienen un efecto de gentrificación claro», comenta Gómez. Grandes inversiones en instalaciones culturales en espacios degradados, incluso degradados de forma deliberada, generan un incremento de precios inmobiliarios en el entorno inmediato, que complican el acceso a la vivienda a las clases sociales más modestas. Asegura que se ha visto en El Raval de Barcelona o en Bilbao, entre muchos otros lugares.Esto suele ocurrir en barrios de ciudades, no en islotes. Para la consellera «no sabemos aún si es equiparable, pero algunos rasgos se parecen bastante. Estos inversores que vienen ahora aquí por la galería juegan al Monopoly, para ellos Menorca es un barrio».

La repercusión directa sobre el precio de la vivienda más modesta, argumenta Gómez, se deriva de que el emplazamiento, el entorno, la isla, se pone de moda.«La primera afectación puede ser, como ha ocurrido, para los llocs o las casas de los cascos históricos de las ciudades.La gentrificación, en primer lugar, no se producirá en los pisos, pero puede acabar pasando».

En concreto, a Gómez le preocupa que el tirón de Hauser & Wirth y todo lo que conlleva suponga que personas atraídas por su estela («ahora parece que Menorca está de moda»), sobre todo visitantes con un poder adquisitivo insuficiente para comprar una gran propiedad pero que sí pueden hacerse con un piso a modo de segunda residencia. «Me preocupa mucho el fenómeno de la compra de segundas residencias, porque vacían las ciudades fuera de temporada y afecta a la gente que vive aquí todo el año». Porque encarece los alquileres y los precios de compra. Algo similar ocurre con las personas que opten por teletrabajar desde la Isla, «algo que es positivo porque atrae riqueza y retiene talento, pero con repercusiones negativas para la vivienda». La consellera advierte de la dificultad de regular el acceso a la segunda residencia, al no estar reconocida esta figura legalmente, pero recuerda que tampoco parecía factible zonificar el alquiler turístico y se ha hecho.    Algunos países han adoptado medidas para restringir la compra de bienes inmobiliarios por parte de extranjeros y Córcega planteó un mínimo de cinco años de residencia para hacerlo, requisito que fue declarado inconstitucional.

Cristina Gómez entiende que la mejora de espacios y la dotación de instalaciones culturales «es aceptable hasta que no se alcanza el punto en que se expulsa a quien vivía allí antes, porque no llegan a los precios que se alcanzan. El veneno está en la dosis». La consellera estima que este tipo de procesos merecen un control de la administración pública, «porque el hecho que un lugar se ponga de moda puede tener una repercusión». Más aún en una isla, donde el territorio es finito.

Gómez pertenece a Unidas Podemos, que apoya a Ara Maó, agrupación de electores que ha gobernado en el Ayuntamiento de Maó colaborando de forma activa en la implantación de Hauser & Wirth. Preguntada al respecto, la consellera asegura que «a mi nadie me ha preguntado». Es más, Gómez se pregunta cuánto le ha costado a esta empresa la ocupación del suelo, cómo se hizo la concesión administrativa y si hubo concurrencia pública. «Debemos plantearnos este tipo de interrogantes». Afirma que sus primeras ventas de obras ya han sido millonarias, con acaudalados clientes que han venido para la ocasión, «esto no es turismo, es puro business, de turismo no tiene nada. La galería no es solo un tema cultura, es business».