Esa petición forma parte de su estrategia principal, que es el resarcimiento del perjuicio económico que las permutas inmobiliarias causaron a las arcas municipales. El daño no está cuantificado, pero podría rondar los dos millones de euros, si se recupera también para el caso la permuta de S'Hort d'en Llinyà, sobre la que la juez señala en el auto que no se aprecian elementos indiciarios suficientes de que hubiese en la misma delitos de prevaricación urbanística, cohecho, falsedad documental y fraude a la Administración.
Por otra parte, los dos últimos delitos citados ya no son imputados ni a Avel·lí Casasnovas ni a ninguno de los otros cinco que permanecen como investigados, por lo que la reclamación municipal pierde argumentos en su alegato.
El auto ofrece dos vías de recurso, el de reforma y el de apelación. El primero suele ser para ganar tiempo, «pero de tiempo estamos hartos», comenta Marquès ante la desesperante dilación que acumula el caso. Esa es una de la razones por las que opta por la apelación, al igual que Miguel Mercadal, abogado de los empresarios Fernando Orfila, José María Gelabert y los dos hermanos Cavaller Gener. Ello significa que será la Audiencia Provincial la que resuelva estos recursos.
Prescripción
Marquès admite las dudas de prescripción expresadas por otros letrados de la causa sobre algunos de los delitos, aunque no todos tienen los mismos plazos. De momento, no se ha presentado ningún escrito solicitando el archivo por ese motivo. El de malversación de fondos dispone de un tiempo más largo para que pueda ser aplicada la prescripción.
Este es precisamente el que lleva aparejada la responsabilidad civil de resarcimiento del daño patrimonial, que es el elemento sobre el que trabaja en representación del Ayuntamiento. De modo que si algún otro fuera archivado como consecuencia del tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia de los mismos, no desaparecerá este, clave para sus intereses. «Si algunos de los delitos han prescrito, las acusaciones quedarían en evidencia», admite.
En su opinión, una cosa es la lentitud de la Justicia y otra la complejidad de algunas diligencias a practicar y medidas cautelares solicitadas entre tanto como pemitir viajar por motivos de trabajo al exconcejal señalado como cerebro de la presunta trama. «Pero el tema no ha perdido importancia, el auto es una consecuencia de esa importancia. Son delitos graves por unos hechos únicos y conocidos, aunque la tramitación judicial sea la que es. Nuestra intención no es contribuir a la dilación sino a que dentro de dos o tres años haya señalamiento de juicio y sentencia», explica Marquès.
El cambio de juez supone una incógnita para el futuro del procedimiento, además de los diez tomos y dos mil folios del expediente, hay cajas enteras de anexos con documentación que probablemente no han vuelto a ser abiertas.
Denuncia contundente
Marquès considera claro que hay delito y que el Ayuntamiento ha de perseguir la legalidad y la defensa del patrimonio municipal, razones en las que argumenta la personación en la causa. Y, aunque no lo dice, cubre de ese modo el discutible papel que está ejerciendo la Fiscalía. «Una denuncia tan contundente y fundamentada ha de continuar», agrega, aunque entre las opciones de solución final no descarta un acuerdo de conformidad.
Sobre el papel del Ayuntamiento recuerda que se personó como perjudicado por acuerdo unánime en 2011 de todos los grupos municipales.
7 comentarios
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Quan es fa justícia, excepte els corruptes, la gent normal i tot el poble ens alegrem perquè és el correcte i la immensa majoria sabem reconèixer el coratge i la feina dels qui volen que es facin les coses bé, com sabem reconèixer la constància de qui ha denunciant tota mena d'irregularitats i corrupció. Quan es jutja o condemna als corruptes i polítics indignes d'haver tingut responsabilitats de govern tots sortim guanyant, a veure si s'acaba la interminable llista de mals exemples i hi ha regeneració a tots els nivells d'una vegada.
de qui 2 anys en tornarem parlar, hi ha que tenir molta fe per creure en la Justícia,
Lo que hem pagat tots, són els doblers tirats, robats o malversats. És ben hora que els autors ho paguin com mereixen i reparin el perjudici causat a tot es poble de Ciutadella. Sort que hi va haver gent valenta que ets hi va aturar es peus.
Paralela de hacienda 2019. 700 € por interpretación de normas del regulador. Manoseo público despilfarro y cuentas polaco-Colomb-testaferras prescritas .... Esto es una República bananera.
Reeeesss, tot perdut, algú recorda cap pleit guanyat per s'ajuntament? Ho son flacs, i ho pagam tots...
Brondo era un home de palla que va deixar fer de tot contra el poble, fa un parell d'anys ja hi va haver una primera comdemna de una de ses que movien els fils. Ja és ben hora que els jutgin a tots!