Antes los expedientes de demolición se archivaban y, a cambio, se pagaba una multa. Ahora hay 1.500 expedientes abiertos, la mayoría irá a juicio y los infractores saben que perderán. «Si no se paran, todos acabarán en demolición», advierte Dolors Bosch, portavoz de la asociación.
Algunos de los infractores asumen la responsabilidad, evitan el juicio e intentan ganar tiempo solicitando al ayuntamiento licencia para el derribo de su propia vivienda. Dado que la licencia de obra incluye un plazo de 12 o 24 meses para realizarla, es el tiempo del que disponen para buscar una alternativa a la casa que pierden.
No es un caso aislado, cada vez son más y el derribo de algunas viviendas, a cuyos propietarios se le han impuesto multas coercitivas por el 100 % del valor dividido en 12 mensualidades, es inmediato, como ocurre con una casa del término de Sant Lluís. El caso ejemplifica el problema que viene, porque es una familia que se queda sin techo y necesita una solución habitacional.
Solo se salvarán los que puedan pagar esas multas para que sea el Consell quien tire luego de forma subsidiaria las construcciones porque son casos que no prescriben nunca. La asociación de hortals no se imagina al Consell demoliendo primeras viviendas de personas que no tienen alternativa.
El Consorcio, explica Bosch, bonifica el 95 por ciento de la sanción si el infractor derriba la casa en un mes o el 80 por ciento si lo hace en tres. «Un problema social no se resuelve tirando casas sino con los planes especiales que contempla el PTI», concluye.
5 comentarios
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Estos se pensaban aquello de "bonu, pagaré sa munta i serà més bartu que pagar permisus i después ja serà legal", pues no, a demolerlo, que muchos de los que se han construido su casa legalmente han tenido que pagar a tocateja permisos y demás. Si es ilegal, es ilegal, no debería estar allí.
Encara els hi haurem de pagar un pis entre tots. Així us esteu posant a l’altura del poblat de xaboles de Son Banya, a Palma de Mallorca, que per deixar-lo demolit en 2023 hauran de cercar-lis vivendes socials a tots. I no, no tenc perque empatitzar amb un problema que ells mateixos s’han creat conscientment, amb aquell tarannà ciutadellenc del «boooonooo, no passa reeeees», «no hi ha cap mal en tancar sa terrassa», «dins ca meva faig el que vull», «si es vesí ho fa, jo també», «si em diuen que he de fotre baix lo meu, diré que antes fotin baix tot lo dels altres», i altres excuses inductives per amagar-se dins el ramat del delicte col·lectiu. Fins i tot les immobiliàries han fet de «mamporreros» durant anys per sostenir aquest statu quo que va fer pujar el valor de mercat dels horts. Per sort, la gran majoria no són primeres residències, per tant vius amb els qui pretenguin fer-ho veure. Per cert, la portaveu d’aquest tema és Dolors Martínez, no Dolors Bosch.
Todos ellos lo sabían al construir y edificar. No se puede gratificar al que no cumple la normativa porque simplemente es castigar a quien si la ha cumplido. Lo que hicieron fue saltarse la normativa y la ley. Derribo y pago de multa. Las leyes o don para todos las mismas o no.
Cuando compraron els hortals ya sabian que eran ilegales. Cuando hicieron obrar para ampliar ya sabian que estaban cometiendo fraude